Los hechos se registraron en 2015 pero recién en 2020 la mujer pudo denunciar a su jefe no sólo por violencia sexual sino también por acoso laboral
El Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de la 4° Nominación de Santa Fe hizo lugar a una medida cautelar solicitada en el marco de un amparo por una trabajadora del Servicio Penitenciario. La mujer denunció acoso laboral y abuso sexual por parte de un superior. Esa situación la afectó emocional y psíquicamente por lo que debe someterse a un tratamiento. La jueza, tras evaluar el caso con perspectiva de género, hizo lugar a la medida en forma provisoria y la Provincia de Santa Fe deberá brindar la cobertura médica y farmacológica que la mujer necesita por el plazo de un año o hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Se trata de una mujer de 45 años que trabajó 20 años en el Servicio Penitenciario de la provincia. En 2015 fue víctima de abuso sexual por parte de un superior cuando prestaba servicios en la cárcel de Coronda. La empleada contó que el entonces director del penal la sometió sexualmente en distintas oportunidades y luego comenzó a sufrir acoso laboral.
Su abogado, Martín Mazzeo, contó a El Ciudadano que tras las agresiones sexuales su clienta comenzó a ser víctima de sanciones infundadas, traslados, descuentos de haberes, lo que agravó aún más el cuadro anímico de la víctima. Hasta que en junio pasado, y tras una discusión con un superior que la alertó que le iban a aplicar una nueva sanción, intentó quitarse la vida en su lugar de trabajo, relató el letrado.
Mazzeo contó que la mujer fue trasladada hasta un Samco local dónde fue abandonada, quedó sola y no se les informó a sus familiares de lo que había pasado. Tras obtener el alta, le dieron una licencia médica y finalmente pudo denunciar en noviembre pasado con el asesoramiento de su abogado.
La investigación penal quedó en manos de la fiscal santafesina de Delitos Complejos Mariela Jiménez, pero Mazzeo dijo que a pesar de que se constituyeron como querellantes la causa no tuvo avances. En cuanto al ámbito laboral el letrado contó que presentó un tramite administrativo para que su clienta tenga la atención médica que su cuadro requiere. Lo hizo ante la Dirección Provincial de Autoseguros de Riesgos de Trabajo (DIPART) pero fue rechazada, por lo que se inició la instancia judicial mediante un amparo, dijo.
Fuero laboral
La acción de amparo se presentó contra la provincia con el fin de que DIPART otorgue las prestaciones médicas y farmacéuticas que necesita la empleada penitenciaria a los fines de un tratamiento psicológico y psiquiátrico. La jueza María Victoria Acosta evaluó el caso con perspectiva de género y explicó que en el estado actual de la causa y teniendo en cuenta la naturaleza provisoria de las cautelares y los indicios aportados “es deber del Poder Judicial otorgar una oportuna cobertura a la mujer víctima de violencia en el contexto laboral que reclama prestaciones médico-asistenciales.”
En base a este fundamento ordenó a la Provincia de Santa Fe, con carácter cautelar y provisorio, previa caución jurada, cubrir a través de DIPART, las sumas necesarias para afrontar el tratamiento psicológico y psiquiátrico por un año.
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