Organizaciones feministas convocan a la Legislatura por la declaración de la Emergencia en Violencia de Género

María Celeste Santillán en Recreo. María Itatí Yossen y Silvina Drago en la ciudad de Santa Fe. Bárbara Aragón y Sophia Civarelli en Rosario. Desde que inició este año, 46 mujeres y travestis fueron asesinadas por motivos de género. Es el dato que arroja el reciente relevamiento de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá). Los datos, las cifras, son nombres. Son historias coartadas en medio del odio y la violencia que escupe el gobierno nacional y de la precarización a la que somete a la población con su política económica. Cada crimen lleva a una pregunta: ¿cuántas más? ¿Cuántas vidas más se necesitan para que los decisores políticos consideren que estamos ante una emergencia social que requiere ser atendida?

Esas preguntas impulsan la convocatoria de este jueves 5 de noviembre a las 11 horas, frente a la explanada de la Legislatura, en la capital provincial. Invita la Asamblea Ni Una Menos de Santa Fe (Anum).

Natalia Peña es integrante de Anum y del Movimiento Evita. “Es urgente la declaración de la emergencia. Si continuamos con este ritmo de femicidios, es posible que dupliquemos la cantidad de femicidios respecto del año pasado (en el que hubo 30)”. Puntualiza que Santa Fe tiene una de las tasas más altas de femicidio por habitantes en Argentina: 2,1 por 100.000 habitantes, lo que supera el doble del promedio nacional.

Este miércoles se reunió la Comisión de Géneros, Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados. Allí se elaboró un dictamen de minoría que unifica en su texto los proyectos 59768 (de Claudia Balagué, diputada por el Frente Amplio por la Soberanía) y el 60201 DB (de las legisladoras Lucila De Ponti, Sonia Martorano, Celia Arena y Alejandra Rodenas, del interbloque peronista. Dicho dictamen establece la emergencia en violencia de género por dos años. El objetivo es que se trate en la sesión de mañana.

Otro proyecto fue ingresado por el Ejecutivo provincial vía el Senado y ya tiene media sanción de la Cámara Alta). Pero, para Peña, “tiene una mirada más punitivista y ligada a la violencia familiar y no de género”.

“La cantidad de femicidios ya es fundamento suficiente de la gravedad de la situación y denota la necesidad de la declaración de la emergencia”, subraya. Marca también que la declaración se exige desde la Asamblea pero también en conjunto con otras organizaciones de la provincia, de ciudades como Rosario, Esperanza y Coronda.

Una necesidad económica y política

Para Peña, la declaración de la emergencia en violencia de género tiene dos pilares fundamentales. Uno es el económico, porque agilizaría las partidas presupuestarias, permitiría que haya más recursos disponibles tanto para las organizaciones como para las entidades locales o gubernamentales que abordan las situaciones de violencia de género.

“Eso es clave porque sin recursos, tanto económicos como humanos y materiales es imposible llevar a cabo prácticas de prevención de la violencia de género y mucho menos de acompañamiento”, advierte.

El otro pilar es el político. “Es muy necesario que desde el gobierno se dé un mensaje claro y fuerte de que la vida de las mujeres y las diversidades importan. El gobierno nacional emite mensajes misóginos, homofóbicos y transodiantes y el resultado es una sociedad misógina, homofóbica y transodiante”, sostiene.

Y añade: “No podemos naturalizar vivir de esta manera y por eso consideramos que es fundamental que el gobierno provincial se proclame también”.

El gobierno nacional no solo emite mensajes discriminatorios y de odio, cerró el INADI y eliminó toda política relativa a la prevención y erradicación de la violencia de género. Desde 1987, Argentina no cuenta con un organismo específico para abordar la problemática. A eso se suma la pauperización de la vida cotidiana: la falta de salarios dignos, de medicamentos para adultos mayores, de trabajo. Mientras la vida en los barrios se vuelve cada vez más compleja, las mujeres y disidencias sexuales sostienen ollas comunitarias para paliar el hambre. Los feminismos comunitarios resisten allí donde el Estado se ha retirado.

“En situaciones tan críticas como las que nos encontramos en estos momentos, somos las primeras golpeadas”, sostiene Peña. “Los comedores tienen también una función también de contención. Llegan muchos casos de violencia de género, de mujeres que buscan información o algún apoyo o acompañamiento”, agrega. Dispositivos como los centros de día, que acompañan cotidianamente estas situaciones y se sostienen por organizaciones sociales, actualmente no cuentan con ningún recurso.

“Los programas que existen tardan un montón en efectivizarse, no se baja concretamente el dinero y es muy difícil”, cuestiona.

En la previa a la movilización de mañana, expresa: “Les diría a los legisladores que cumplan con su labor y que representen los intereses de la ciudadanía, que escuchen a las organizaciones sociales que somos las que estamos en los territorios resistiendo la crisis, que es tanto social como económica”.

En noviembre, un mes emblemático para la lucha contra la violencia de género —el 25 de noviembre es el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres— todo indica que las calles serán el espacio en el que se buscará que se escuchen las sirenas de esta alarma grave y letal.