La iniciativa genera una disputa de fondo: mientras los legisladores del oficialismo impulsan la figura por ley, el ex director de Reforma Política de la provincia denuncia que la medida cercena la autonomía municipal. El debate se inicia en febrero y pone en jaque el espíritu de la reforma constitucional
La propuesta para crear la figura de los viceintendentes en Santa Fe y Rosario enfrenta una crítica de fondo. Mientras el proyecto de Ley Orgánica de Municipios (LOM) avanza en la Legislatura con tratamiento preferencial, el constitucionalista Oscar Blando plantea objeciones que ponen en discusión el alcance real de la autonomía municipal consagrada en la reforma constitucional.
El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, establece en su artículo 27º que solo los municipios de más de 200.000 habitantes –es decir, Rosario (1,03 millón) y Santa Fe (404 mil)– tendrán un viceintendente electo en fórmula con el intendente. Rafaela, la tercera ciudad con 102 mil habitantes, queda excluida. El objetivo declarado es asegurar la continuidad gubernamental, un argumento respaldado con el precedente de la sucesión tras la muerte del intendente Enrique Muttis en 1991.
El proyecto tiene tratamiento preferencial en el Senado y se debatirá a partir del 5 de febrero.
Blando desmonta la lógica del proyecto desde el principio de autonomía municipal. Sostiene que el debate sobre el viceintendente «es válido, pero no debe imponerse en toda la provincia a través de la Ley Orgánica de Municipios (LOM)».
Para el ex director de Reforma Política y Constitucional de Santa Fe, deben ser las cartas orgánicas municipales –las constituciones propias de cada ciudad– las que decidan adoptar o no esta figura, mediante la voluntad de sus vecinos.
La nueva Constitución Provincial habilita a dictar su carta orgánica a todos los municipios con más de 10.000 habitantes. Blando cuestiona por qué el proyecto de LOM eleva arbitrariamente ese piso a 200.000 habitantes para acceder a la figura del viceintendente. «La LOM puede regir sus disposiciones sobre municipios que no dicten sus cartas orgánicas», aclara, señalando que la norma provincial no debería restringir a los que sí las dictan.
Blando lleva la discusión más allá del viceintendente, planteando una cuestión fundamental: «¿Queremos autonomía plena de los municipios o queremos una autonomía restringida, decidida y diseñada desde la provincia?». Su postura es clara: si un municipio de 30.000 habitantes dicta su carta orgánica, tiene el derecho de incorporar al viceintendente. «No necesita otras exigencias porque la nueva Constitución no lo exige», alega.
Las críticas de Blando contrastan con el apoyo público del intendente de Rosario, Pablo Javkin, y ponen en evidencia una tensión no saldada entre la unificación normativa desde la provincia y el autogobierno efectivo de los municipios.
El debate en la Legislatura, que comenzará en febrero, deberá resolver si el diseño del régimen municipal respetará la letra y el espíritu autonomista de la nueva Constitución o si prevalecerá un criterio más centralista desde la provincia. La pregunta final de Blando resuena como el núcleo de la disputa: «En definitiva, ¿queremos autonomía municipal?».
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