Este lunes finalizó el plazo improrrogable dispuesto por el juez Fabián Lorenzini para la inscripción de interesados en adquirir las acciones de la compañía textil. Al no presentarse oferentes en la etapa de cramdown, la consecuencia jurídica inminente es la declaración de quiebra de la firma, que arrastra una deuda de casi 300 millones de dólares con el Banco Nación
El desenlace de Algodonera Avellaneda S.A., una de las firmas emblemáticas del cuestionado holding Vicentin, ha quedado sellado. A las 12:30 del lunes 5 de octubre, venció el plazo «improrrogable» otorgado por el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, para que se inscriban interesados en adquirir las acciones de la compañía. Doce minutos más tarde, el magistrado dejó constancia oficial: el registro cerró sin un solo oferente y se ordenaron las notificaciones correspondientes.
La firma textil se encontraba transitando el proceso de salvataje o cramdown (artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras N.º 24.522), la última instancia legal previa a la quiebra para intentar traspasar la empresa a manos de terceros. Frustrada esta etapa, la normativa vigente establece que el juez debe dar por concluido el procedimiento y avanzar indefectiblemente hacia la declaración de quiebra y liquidación de activos.
Algodonera Avellaneda llegó a consolidarse como un actor clave en la cadena textil nacional. Su modelo integraba verticalmente desde el acopio y desmotado de algodón hasta el hilado, tejido, confección de prendas y fabricación de algodón hidrófilo.
Su estructura operativa abarca:
• Planta principal: Fábrica de hilos y telas en el Parque Industrial de Reconquista.
• Desmotadoras: Ubicadas en Banderas (Santiago del Estero), General Pinedo (Chaco) y Formosa.
• Otras unidades: Dos hilanderías (en Argentina y Brasil) y el taller de confecciones «Red Proactiva Textil» en Avellaneda.
Actualmente, la compañía sostiene más de 300 empleos directos —aunque en su pico de actividad llegó a emplear a más de 500 trabajadores—.
La crisis del grupo Vicentin precipita este desenlace. Tras fracasar las negociaciones con su mayor acreedor —el Banco Nación Argentina, al que el grupo le adeuda casi 300 millones de dólares—, el juez Lorenzini retiró la exclusividad a los propietarios y abrió el salvataje el pasado 14 de septiembre (Resolución 503/2026). Sin embargo, ningún inversor se mostró dispuesto a asumir la pesada herencia financiera.
El ministro de Trabajo de la provincia analizó el fracaso del cramdown y apuntó directamente a la monumental carga financiera. Según detalló, cualquier oferente no solo debía presentar una propuesta de compra, sino lograr las mayorías legales de aprobación de los acreedores. En ese tablero, los cerca de 300 millones de dólares adeudados al Banco Nación actuaron como un chaleco de fuerza.
A la gravedad de la deuda se suma un factor crítico: buena parte de ese capital no permaneció en las arcas de la textil, sino que desapareció en la debacle general de Vicentin SAIC. Además, la planta del Parque Industrial de Reconquista se encuentra hipotecada a favor del Banco Nación, entidad que ya solicitó su remate. La medida cuenta con sentencia favorable en primera instancia y se encuentra bajo revisión en la Cámara de Apelaciones.
Con la inminente firma de la quiebra, la administración y los bienes de Algodonera Avellaneda pasarán formalmente a la Sindicatura del concurso.
La principal expectativa para atenuar el impacto social está puesta en que el juez decrete una «quiebra con continuidad laboral» (figura con antecedentes como el caso SanCor). Esta opción permitiría mantener operativos los contratos de fasón vigentes, resguardar las plantas en funcionamiento y evitar el despido inmediato de los trabajadores mientras se sustancia la liquidación final. Aquellas áreas operativas sin producción, en tanto, deberán ser clausuradas y custodiadas previo inventario.
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