De la empresa, controlada desde 2012 por el grupo venezolano Maralac, dependen los 12 mil habitantes de una localidad del norte bonaerense. Hace unos días, despidió a 9 empleados administrativos por depositar parte de los sueldos atrasados
Suipacha, en el norte bonaerense y con 12 mil habitantes, es otra de las localidades en vilo por el posible cese de la actividad económica que la mantiene viva: la láctea La Suipachense, controlada por capitales venezolanos, está al borde del cierre con un arrastre millonario de deudas, un conflicto gremial con Atilra que la mantiene paralizada y un episodio de despidos singular.
La planta de la firma está en las afueras de la localidad desde hace 75 años. Desde 2012, La Suipachense está controlada por el gigante lácteo venezolano Maralac.
La firma mantiene deudas millonarias con sus proveedores. En paralelo, sufre una caída del 50% en su producción y, por falta de pagos, el riesgo cercano de corte de suministro de luz y gas.
Son unos 140 los trabajadores que están de paro y corren riesgo de perder su fuente laboral. Pero es todo el pueblo el que depende de su continuidad. Por eso, hubo movilizaciones de toda la comunidad para exigir la normalización de la producción.
Sobre esas dificultades se monta un conflicto gremial por varios temas. Que escaló los últimos días. Es que al atraso en el pago del sueldo correspondiente a julio, la empresa despidió a 9 empleados administrativos por, precisamente, haber depositado parte de esos haberes a principios de ese mes.
Los directivos de Maralac acusaron a los trabajadores de encabezar una «insurrección» con el pago de esos haberes. El gremio Atilra, representante de la mayoría de los empleados, replicaron que los despedidos cumplieron con órdenes de sus superiores. Agregaron que la empresa inventó esa desobediencia para desvincularlos porque quiere eludir sus obligaciones salariales.
La planta permanece tomada por los trabajadores desde hace varios días. Los delegados relataron el escenario: «Nos deben parte del sueldo de julio y varios meses de cargas patronales. También le deben combustible a transportistas y proveedores. Le deben a todo el pueblo».
Las mismas fuentes agregaron que, con esas deudas a cuestas, la compañía pasó de procesar 250.000 litros diarios de leche a 40.000. Y de ahí, a nada. También, por la persistencia de los impagos, los 180 tamberos que le proveían la materia prima dejaron de hacerlo.
«Así, es imposible que pueda volver a operar», advirtieron los referentes laborales.
La compañía aún debe entre un 10% y 15% de los sueldos de julio. Además, le rechazaron cheques por un total de 2.700 millones de pesos. La facturación no cubre ni una quinta parte de lo que necesita la empresa para operar: unos 3.000 millones mensuales. En la actualidad, los ingresos apenas llegan a 500 millones. Ante la crisis de factores múltiples, designó a Pascual Bensadón como nuevo director general. Pero la salida no está a la vista.
Maralac insistió en que el estado de paralización de la planta en el norte bonaerense es culpa de la intransigencia gremial. «Hubo amenazas personales y secuestro dentro de la planta», denunciaron sus voceros con la mira en Atilra. Y agregó que esa actitud sindical «afecta la seguridad y desalienta inversiones».
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