El argumento es el mismo: que los legisladores deben indicar de dónde salen los recursos para implementar las normas. Niega el sostenimiento del Garrahan en la órbita del Ministerio de Economía sumido en el escándalo de las coimas y sobreprecios de medicamentos. Universitarios cumplen un paro en todo el país por la negativa a actualizar financiamiento y salarios, que perdieron un 30% de poder adquisitivo
El Gobierno promulgó este martes las leyes de emergencia pediátrica (también conocida como Ley Garrahan) y de financiamiento universitario, ambas ratificadas por el Congreso el 2 de octubre con el rechazo de los legisladores a los vetos del presidente Javier Milei. Pero, de nuevo, el Ejecutivo recurrió a la maniobra de postergar la puesta en vigencia de las normas hasta que el Parlamento determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto 2026.
La decisión se formalizó mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial. Por ellos, promulgó las leyes 27.795 y 27.796. Sin embargo, al igual que ocurrió con la ley de emergencia en discapacidad, aclaró que no pondrá en marcha las leyes sin una definición clara de cómo se cubrirán los costos.
Con idéntico argumento que antes, el Ejecutivo afirmó que el Congreso “omitió indicar de manera fehaciente” la forma de financiar las erogaciones que implican estas normas. El argumento replica lo expuesto en septiembre por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuando el oficialismo ya había argumentado que la falta de partidas específicas impide aplicar leyes que generan nuevos compromisos fiscales. Todo lo contrario de lo que hace el Gobierno cuando dicta decretos que insumen financiación del Presupuesto, por otro lado prorrogado con uso discrecional.
La Ley 27.795, promulgada a través del Decreto 759/2025, establece un esquema de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente.
También contempla recursos para becas estudiantiles, tecnología, investigación y formación académica, con la actualización de salarios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Según estimaciones oficiales, la implementación plena de la norma demandaría 1,07 billones de pesos en 2025 y más de 2 billones en 2026. El oficialismo arguyó que la aplicación de esos montos es “inviable” sin una definición del Congreso sobre los recursos disponibles.
La Procuración del Tesoro acompañó la justificación del Ejecutivo: dictaminó que aplicar la ley sin fondos específicos sería incompatible con el artículo 5° de la Ley 24.629, que regula la ejecución del gasto público. Y que podría generar “responsabilidad funcional” para los funcionarios que la implementen.
En respuesta a la dilación del Gobierno para promulgar la ley de Financiamiento Universitario, y ahora por su negativa a aplicarla, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) realiza un paro en todo el país este martes y miércoles, ante el vencimiento de los plazos legales para sancionar la norma. .
El Decreto 760/2025 promulgó la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en las residencias nacionales de profesionales de la salud por un año.
La norma busca garantizar el acceso equitativo a los servicios médicos para niños y niñas, fortalecer los hospitales pediátricos y recomponer los salarios del personal sanitario, además de ofrecer incentivos fiscales a quienes trabajen en áreas críticas.
El Hospital Garrahan es un centro de referencia nacional de alta complejidad. El costo fiscal de la medida, según fuentes oficiales, es de 196.270 millones de pesos. De nuevo, el Ejecutivo afirma que esa cifra es difícil de afrontar dado el déficit de 102.400 millones que presenta actualmente el Ministerio de Salud. El mismo señalado por las coimas y sobreprecios en el área de discapacidad.
El decreto que evade la responsabilidad de aplicar la norma advierte indica que la ley sin financiamiento concreto podría afectar programas esenciales. Por ejemplo, señala con cinismo tras el recorte de partidas, la entrega de medicamentos a personas vulnerables o la prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.
También señala que la norma incluye disposiciones que “invaden competencias del Poder Ejecutivo”, al intentar derogar resoluciones del Ministerio de Salud, lo que (según el Gobierno) vulneraría la división de poderes.
Las dos leyes fueron aprobadas con amplio respaldo opositor, luego de que el Senado volteara los vetos presidenciales. Y así, el Ejecutivo decidió promulgar las normas para cumplir con el trámite formal, pero condicionó su ejecución a la disponibilidad presupuestaria.
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