El juez que intenta establecer si se cargaron en el país los 944 kilos de cocaína incautada en un avión argentino que voló a Barcelona realizó otra inspección en la base militar de la Séptima Brigada Aérea.
La base aérea de Morón fue nuevamente allanada ayer por la Justicia en el marco de la investigación para tratar de determinar si el avión Challenger 604 que transportó 944 kilos de cocaína a Barcelona fue cargado en ese aeródromo militar.
Según trascendió los operativos fueron realizados por orden del juez en lo penal económico Alejandro Catania, quien inspeccionó el lugar donde estuvo estacionado el avión poco antes de salir rumbo al aeropuerto de Ezeiza, y de allí al exterior.
En la causa están detenidos en España los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá y el copiloto Matías Miret, mientras que en la Argentina la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) pidió investigar si la droga fue cargada aquí o bien en la República africana de Cabo Verde, donde el avión hizo una escala técnica antes de aterrizar en Barcelona.
La inspección del aeródromo de Morón fue resuelta para saber detalles sobre los movimientos que habrían quedado registrados del avión que pilotearon los Juliá y Miret, y cuánto tiempo estuvo estacionado en esa base aérea en diciembre pasado.
Sobre la base aérea tienen jurisdicción compartida la Fuerza Aérea y la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac).
El juez convocó a varios testigos para declarar en la causa, entre ellos a empleados que intervinieron en el control del avión Challenger.
La máquina de los hermanos Juliá estuvo estacionada en uno de los hangares de la base aérea hasta el 30 de diciembre pasado, cuando voló hacia Ezeiza.
El avión partió finalmente el 1º de enero a las 20.44 del Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Barcelona, previa escala en Isla de Sal, en Cabo Verde, frente a las costas de África, donde realizó una breve parada técnica.
La aeronave aterrizó en España el 2 de enero y personal de la Policía Civil española ya la estaba esperando, por lo que logró la detención de los tres ocupantes del vuelo y el secuestro de la cocaína.
En la investigación iniciada para saber si la droga fue cargada en el país el juez Catania ordenó allanamientos en los domicilios particulares de los tres detenidos en España y las oficinas de las empresas dueñas del avión.
Además, el magistrado realizó el sábado pasado un primer allanamiento en la base aérea de Morón y en distintas oficinas del Aeropuerto de Ezeiza, entre ellas las de Migraciones, la de Aduana, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac).
Catania busca establecer cuáles fueron los controles que se hicieron sobre la aeronave y si existió algún tipo de connivencia por parte de algún empleado de los organismos encargados del control aeroportuario.
Una información clave que ya solicitó el juez a España vía exhorto son los datos de la computadora digital del avión, para determinar el pesaje del mismo mientras realizaba el vuelo de la Argentina a Cabo Verde, y de allí a España, y así poder saber dónde fue cargada la droga.
Al respecto, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, aseguró ayer que el gobierno nacional cree que los 944 kilogramos de cocaína que llevaron los hermanos Juliá y Miret a España se cargaron en Cabo Verde, donde la nave realizó una escala técnica.
“Nosotros creemos que la droga se cargó en Cabo Verde”, dijo Randazzo durante un encuentro con periodistas en la ciudad de Mar del Plata, mientras desligó al oficialismo de cualquier vínculo con la firma Medical Jet, aparente propietaria del avión que transportó el cargamento hasta Barcelona.
También dijo que los pilotos detenidos en España “realizaron cientos de viajes para el Ejecutivo durante el gobierno de Carlos Menem y muchos más después”, aunque aclaró: “Lo que se dice para vincularnos con esa empresa son todas patrañas”.
En su apreciación Randazzo disintió con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien hace pocos días no descartó la posibilidad de que la cocaína se hubiese cargado en la Argentina burlando los controles de seguridad locales, aunque aclaró que para tener certezas al respecto había que esperar la información que la Justicia española suministre a Interpol.
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