El juez Fabián Lorenzini habilitó el registro para que terceros u ofertantes adquieran la agroindustria textil, que arrastra millonarias deudas con el Banco Nación y un severo patrimonio neto negativo. Es otro revés para una familia que supo ser ama y señora del norte provincial y que ahora enfrenta investigaciones penales por el megamillonario pagadiós en el ocaso del macrismo
La Justicia de Reconquista abrió el proceso de salvataje (cramdown) para Algodonera Avellaneda SA, una firma agroindustrial de la familia Vicentin, con el objetivo de evitar su quiebra.
La resolución fue firmada este lunes por el juez Fabián Lorenzini —a cargo del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista que tramita el concurso preventivo de la firma desde 2024—, luego de que la hilandera de la familia Vicentin no consiguiera el respaldo de sus acreedores para reestructurar sus deudas.
La decisión judicial responde a que la compañía no logró reunir las mayorías de capital necesarias para alcanzar un acuerdo preventivo.
Algodonera Avellaneda registra un patrimonio neto manifiestamente negativo, con un nivel de endeudamiento que supera con amplitud el valor total de sus activos.
Actualmente, la compañía cuenta con una nómina de casi 400 empleados y funciona a un 60% de su capacidad instalada.
Para afrontar el pago de los salarios, la planta principal radicada en Reconquista opera bajo la modalidad de trabajo a fasón.
El activo industrial de la firma se completa con dos plantas desmotadoras de algodón ubicadas en la localidad de General Pinedo, en la provincia del Chaco, y en Banderas, en la provincia de Santiago del Estero.
El principal acreedor de la empresa es el Banco Nación Argentina, con el que Algodonera Avellaneda mantiene un pasivo verificado de $1.585.782.428,89 y U$S 260.791.600,40.
Esta acreencia financiera representa el 80% de la deuda total no saldada por la textil.
En el marco del expediente, la empresa intentó declarar al Banco Nación como un “acreedor hostil” para dejarlo fuera del cómputo de las mayorías, pero el juez Lorenzini desestimó el pedido por considerarlo improcedente.
A las obligaciones del concurso se suma un abultado pasivo post concursal acumulado entre 2025 y 2026, que según los registros de la Sindicatura asciende a $6.818.717.040,87.
Esta deuda corriente se generó por la falta de pago de servicios de energía eléctrica, compromisos tributarios e impuestos, y cargas de origen laboral.
Con la apertura del salvataje contemplado en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, el juzgado habilitó la inscripción de terceros interesados en ofertar por las cuotas de capital de la sociedad.
El registro estará abierto para acreedores, competidores, inversores privados o cooperativas de trabajadores que estén constituidas o en proceso de formación.
El período para presentar las inscripciones comenzará a las 7:30 del martes 29 de septiembre y finalizará a las 12:30 del lunes 5 de octubre, sin posibilidad de prórroga.
Asimismo, el magistrado le ordenó a la Sindicatura elaborar en un plazo de 72 horas un listado con las condiciones y requisitos excluyentes para los oferentes.
Entre las exigencias indispensables fijadas por la Justicia, los interesados deberán acreditar trayectoria previa en el rubro textil, demostrar la posesión de canales de comercialización activos en el mercado y certificar un correcto comportamiento tributario durante los últimos cinco años.
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