Se trata de más de 190 transferencias desde Osprera, de los trabajadores rurales, a la droguería. Los pagos se hicieron entre noviembre de 2024 y fines de marzo de 2025
La obra social Osprera, de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) que está intervenida por el Gobierno nacional, emitió órdenes de pago a la droguería Suizo Argentina por unos de $7.700 millones. Los mismos fueron durante cinco meses y la investigación se enmarca en la causa de la Andis, según publicó Ámbito Financiero.
La droguería es investigada por presuntos sobornos en la Agencia de Discapacidad (Andis) por más de $7.700 millones en los primeros cinco meses de la intervención dispuesta por el Poder Ejecutivo. Entre noviembre de 2024 y fines de marzo de 2025, los interventores designados por la Casa Rosada hicieron transferencias para abonar 193 facturas para la compra de fármacos.
La compra fue en razón de un convenio para la provisión de medicamentos oncológicos costosos, informó La Nación. Osprera es la tercera obra social del país y luego de que el Gobierno dispusiera intervenirla, por medio de un decreto, comenzó una tensión judicial entre el Ejecutivo y el actual jefe de la UATRE, José Voytenco.
El hombre, oriundo de Chaco, es un dirigente involucrado en una denuncia por presunto lavado de dinero y mantiene una puja con su principal adversario en el sindicato, el diputado de La Libertad Avanza (LLA), Pablo Ansaloni.
La primera interventora oficial es Virginia Montero, quien pudo comenzar a controlar Osprera a fines de octubre, amparada en una medida cautelar del juez federal Federico Villena, de Lomas de Zamora.
La obra social sacó un comunicado al respecto anunciando que “Osprera informa que al asumir la intervención el pasado 28 de noviembre de 2024, se ordenó una auditoría integral que reveló una situación de emergencia en la institución: una deuda total de $97.889 millones”.
Según siguió el comunicado, también se registró “un déficit mensual superior a los $5.000 millones, múltiples prestaciones médicas caídas y una alarmante interrupción en la entrega de medicamentos esenciales”.
Así, “se priorizó la restauración urgente de los servicios de salud y la normalización del suministro de medicamentos, que habían sido suspendidos por falta de pagos acumulados en gestiones anteriores. Toda nuestra gestión está apuntada a los afiliados”.
En este marco, se firmaron compromisos de pago “con más de 30 entidades acreedoras de la obra social en todo el país; entre ellas hospitales, clínicas, prestadores médicos, droguerías y proveedores estratégicos como farmacias y redes odontológicas”.
La compra de medicamentos y prestaciones médicas implicó un gasto “hoy del 75% total que realiza esta Obra Social”. Así, detalló que antes de la intervención, “este gasto era de 66% y se privilegiaban gastos operativos y de personal. Aquí también se cortaron privilegios y curros”.
Por último, expresaron unas palabras para “los afiliados y la opinión pública”: “Todo esto se hizo de manera transparente, en público y por escrito, con el único objetivo de garantizar la continuidad de las prestaciones, la provisión de medicamentos y sanear progresivamente el déficit en función de la capacidad real de pago”.
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