Las decisiones de la obra social nacional empujan a miles de jubilados a atenderse en efectores públicos locales. El Estado santafesino y el municipio rosarino terminan financiando con recursos propios el abandono de cobertura de un organismo que recauda a nivel federal
Jubilados Santa Fe
El colapso en la atención de la mayor obra social de América Latina no es un accidente de la naturaleza ni un problema de demanda estacional. Es el resultado directo de decisiones políticas y administrativas tomadas en Buenos Aires por la dirección ejecutiva de Pami y el gobierno nacional, coinciden los distintos gremios que representan a trabajadoras y trabajadores de la salud. Sin embargo, quienes pagan el costo real de ese ajuste no son los despachos oficiales de la Capital Federal, sino las guardias, los médicos y los presupuestos de los hospitales públicos de Santa Fe y sus municipios. Es en este marco de vaciamiento, que se complementa con la desaparición del Programa remediar, que se da la Marcha Federal de este miércoles 20.
La lógica del conflicto expone una profunda asimetría federal: mientras el gobierno nacional retiene y centraliza los aportes que mes a mes se les descuentan a los trabajadores activos y jubilados santafesinos, las prestaciones médicas locales se recortan de forma drástica. Cuando la cobertura nacional falla, el jubilado no desaparece; se vuelca masivamente al único lugar que no le cierra la puerta: el sistema de salud pública provincial y municipal.
La provincia de Santa Fe se convirtió en el principal amortiguador de la ineficiencia de la gestión nacional de Pami. Los datos del Ministerio de Salud santafesino exponen la magnitud del traslado de la carga.
El 25% de los pacientes con cobertura que hoy saturan las salas de espera de los efectores públicos provinciales son jubilados de Pami que migraron del sector privado por falta de respuestas operativas.
En el Gran Rosario, de un universo de 69.000 afiliados, más de 43.400 utilizan activamente los hospitales públicos provinciales y municipales ante el vaciamiento y el desvío de 10.000 cápitas de los policlínicos propios (Pami I y Pami II) hacia efectores privados saturados.
Este escenario configura lo que las autoridades sanitarias locales definen como un «subsidio indirecto e involuntario». Cada gasa, cada cama de internación, cada sueldo médico y cada insumo que se utiliza para atender a un jubilado en el Hospital Alberdi, el Heca o el Centenario se paga con los impuestos de los contribuyentes santafesinos. Se trata de un gasto millonario que le corresponde garantizar por ley al gobierno nacional y que hoy absorben las arcas locales.
La responsabilidad del gobierno nacional en esta crisis se evidencia en las tres medidas que asfixiaron la atención médica en el territorio, describen voceros sindicales y de las administraciones locales de Salud:
1. Licuación de honorarios médicos: la caída real en los valores que Pami paga a los médicos de cabecera y especialistas provocó una renuncia masiva de prestadores privados en la región, dejando a miles de adultos mayores sin turnos.
2. Recortes en medicamentos crónicos: la quita de la cobertura total (100%) en remedios esenciales obligó a los jubilados a acudir a los centros de salud municipales para conseguir la medicación que el Estado nacional les retiró.
3. Desatención y exclusión digital: el traslado de la burocracia hacia aplicaciones y plataformas virtuales inaccesibles dejó a miles de abuelos en la vulnerabilidad total, forzándolos a abandonar los trámites nacionales y buscar auxilio directo en la trabajadora social del hospital de su barrio.
Aunque el Ministerio de Salud de Santa Fe ratificó que mantendrá la atención de todas las emergencias bajo el principio ético de la salud universal, el reclamo hacia la Casa Rosada escaló en firmeza. Las autoridades locales exigen un mecanismo ágil de recupero de costos: si el gobierno nacional no normaliza las prestaciones de su propia obra social, debe reintegrar de manera inmediata los fondos que Santa Fe gasta para cubrir sus baches de gestión.
La paradoja es total: el afiliado ya pagó por su salud con los aportes de toda su vida laboral. Hoy, el gobierno nacional retiene ese dinero en la caja central, recorta el servicio y obliga a las provincias a financiar el desamparo de sus propios abuelos.
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