Se fijaron sueldos considerados “altísimos” y suscribieron contratos por honorarios millonarios con estudios de abogados.
El Estado nacional denunció hoy a cuatro gerentes representantes del capital privado de la empresa Papel Prensa S.A. por supuesta «administración infiel en perjuicio de la administración pública», a raíz de haberse fijado sueldos considerados altísimos y haber suscripto contratos por honorarios millonarios con estudios de abogados.
Esto se habría resuelto sin aprobación del Directorio de la sociedad, lo que habría causado un perjuicio económico a la empresa, según la presentación que quedó a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
La denuncia fue presentada por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, con el patrocinio del Procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, se informó en un comunicado.
Los denunciados fueron el gerente general Jorge Noseda; Manuel Climent, gerente Forestal y de Compras; Carlos Aguirre, de Finanzas; y Julio Taborda, de Control y Auditoría.
Según la querella, que ahora será derivada a la fiscalía federal para que dictamine si corresponde impulsarla, los gerentes se habrían fijado «arbitrariamente y sin consulta previa sueldos mensuales que van de los 44 mil a los 135 mil pesos, cuando en el sector privado el pago promedio para ese cargo es de 22.500 pesos» y contratado estudios jurídicos «a los que se le abonaron sumas millonarias», sin autorización del Directorio, integrado minoritariamente por el Estado.
«También fueron denunciados por no brindar información a los directores del Estado Nacional sobre una deuda que el diario La Nación (accionista de Papel Prensa) mantiene con la empresa por 20.244.407 de pesos al 31 de diciembre del año pasado, así como tampoco comunicaron la situación en la que se encuentra la deuda o qué órgano de la compañía decide su financiación», se agregó.
El Directorio de Papel Prensa está integrado por diez miembros, tres de ellos representantes del Estado como accionista minoritario.
Canicoba Corral deberá decidir además si acepta al Estado como querellante en la causa, lo que habilitaría a la Procuración, el cuerpo de abogados del Estado, a pedir medidas de prueba e impulsar la pesquisa.
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