Para Lewis, el nuevo sistema penal será “un desafío muy importante”

La provincia avanza en los detalles finales para la puesta en marcha del nuevo sistema penal, que entrará en vigencia –en forma integral– el 10 de febrero de 2014. Más allá de algunas cuestiones organizativas, sólo resta la designación, por parte de la Legislatura, de 42 pliegos de defensores y fiscales, que serán remitidos en tres tandas en lo que resta del año con el objetivo de completar las estructuras de los nuevos organismos de la Justicia Penal: el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio de la Defensa Penal.

Con esas 42 designaciones se completará la estructura de 110 cargos nuevos, indispensables para la puesta en marcha de la reforma penal. Entre ellos, resta aún el nombramiento del fiscal regional de Venado Tuerto, para lo cual ya se llamó –por tercera vez– a concurso: el primero había quedado desierto y en la segunda oportunidad la Legislatura no aceptó al postulante. La organización de la oficina de Venado Tuerto quedó a cargo del el fiscal regional de Rosario, Jorge Baclini.

Mientras tanto, el ministro de Justicia provincial, Juan Lewis, tiene previsto reunirse el lunes en Rosario con el defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, quien no participó del encuentro celebrado el miércoles en la Casa Gris –son públicas sus críticas al nuevo sistema– en el que sí estuvieron funcionarios del Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y el titular del Ministerio Público de la Acusación, Julio de Olazábal.

El inicio de la reforma se fijó para después de la feria judicial de verano por “prudencia”, según comentó el ministro Lewis. Ya están todas las estructuras conformadas y están reunidas las condiciones para iniciar la implementación integral del nuevo código. El funcionario remarcó que la fecha no fue una decisión unilateral ni inopinada; por eso se hizo la reunión entre el gobierno y la Corte, que forma parte de un proceso de trabajo conjunto entre ambos poderes.

—La Justicia, ¿está preparada para el nuevo sistema?

—Esperemos que sí –contestó Lewis–. Hay muchos funcionarios que van a pasar del viejo sistema y los nuevos funcionarios no tienen incorporadas las rutinas de trabajo de la administración de justicia. Es algo nuevo para todos y es un desafío muy importante. Por eso la implementación de este nuevo sistema va acompañada por un fuerte esfuerzo en capacitación y preparación técnica, que se impulsa no solamente desde el Poder Ejecutivo sino también desde el Poder Judicial y las universidades.

—¿Cómo va a impactar la reforma en el aspecto social?

—El sistema implica muchos cambios. Algunos son técnicos y a lo mejor a la ciudadanía no les interesan. Pero hay tres cuestiones que van a redundar en una diferencia respecto de cómo se está administrando la justicia penal actualmente. Una es la posibilidad de que participen las víctimas como querellantes, algo que ya estamos implementando gradualmente. La víctima ya no es un mero testigo sino que puede presentarse, está considerada como parte procesal, puede argumentar su hipótesis acerca de los hechos y ofrecer pruebas. Otra gran diferencia es la modalidad de investigación y persecución. Aparece un actor fundamental: el Ministerio Público de la Acusación. Antes los roles de acusar y juzgar, en la etapa inicial del proceso penal –la instrucción–, estaban confundidos en la figura del juez de instrucción. Ahora estos roles están diferenciados: el juez es un tercero que no se compromete ni con el acusado ni con el acusador. Y el tercer punto, es que en este sistema todas las decisiones trascendentes del proceso –no sólo la sentencia– van a ser tomadas en audiencias públicas y orales, ya no más en el despacho de un juez a puertas cerradas. Cualquier ciudadano va a poder ver cómo trabajan jueces, fiscales y defensores. En definitiva, cómo se administra justicia.