La red de Vecinales Rosarinas Unidas Por Seguridad y Transporte insistió en la inseguridad, la discriminación, los perjuicios laborales y económicos como efectos de una gestión deficiente de un servicio público que debería, resaltan, considerarse como lo que es: un derecho
La calificación de «emergencia» para justificar los déficits persistentes en el servicio público de transporte de pasajeros de Rosario fue recuperada por vecinales de Rosario, que el jueves pasado se reunieron con concejales en el Centro Cultural La Toma, para explicitar la urgencia de los usuarios para que se normalice el sistema, particularmente en frecuencia y recorridos que incluyan a toda la ciudad.
La red de Vecinales Rosarinas Unidas Por Seguridad y Transporte publicó este miércoles una serie de tuits para poner otra vez en evidencia los problemas de los rosarinos que no tienen otro medio de movilidad que el colectivo, o no pueden trasladarse, por razones de edad, estado de salud o distancias, a pie o en bicicleta.
«Para el usuario sigue siendo una «emergencia» que se resuelvan las demoras de más de 30 minutos, llegando en ocasiones a tener que esperar casi una hora», arranca irónico el hilo de posteos en la plataforma del pajarito.
Se trata de una reafirmación de lo que padecen los rosarinos tras el encuentro con ediles que integran la Comisión de Servicios Públicos del Palacio Vasallo.
«La mala frecuencia de las líneas (por falta de unidades o haber sido fusionadas para el beneficio empresarial) condiciona el día de trabajadores y estudiantes, causando mayor perjuicio a quienes viven en barrios periféricos y/o tienen horarios laborales nocturnos», sigue la descripción de los vecinalistas.
El mal servicio, señalan, atraviesa la dimensión de la tan declamada seguridad ciudadana, que no es sólo incumbencia policial: «Además de los trastornos ocasionado por las excesivas esperas, nos vemos diariamente expuestos a ser víctimas de la inseguridad, ya sea al esperar en las paradas o por realizar varias cuadras hasta nuestras casas o hasta los puntos de recarga», expresan las organizaciones territoriales en Twitter.
Y concluyen, tras hacer mención a la discriminación de personas con discapacidad y el alto costo de los boletos, más allá de la pelea por los subsidios que corresponden a distintas instancias estatales: «No entendemos de tiempos burocráticos cuando está en juego la integridad, el trabajo, el estudio de los vecinos. El Transporte Público es un derecho que el Estado debe garantizar con un servicio digno para que el ciudadano pueda desarrollar su vida social y laboral plenamente».
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