Denuncias de compra de votos, acarreo y clientelismo son el marco de fondo de los comicios que se realizarán hoy y que definirán nuevo presidente para el país y renovarán legisladores, gobernadores y miembros de juntas departamentales.
En el video, que difundió el sitio del diario ABC Color, el senador Silvio Ovelar ofrecía a dos dirigentes 200.000 guaraníes (poco menos de 50 dólares) por cada votante liberal que se quedara en su casa, a los que ayer mismo debían “pintarles” el dedo como señal de que en realidad sufragaron.
Ese “trato apu`a” (trato redondo, de caballeros), que Ovelar atribuyó luego a una investigación que le encargaron, no hizo más que poner en evidencia una práctica que conocen fiscales, dirigentes de todos los partidos y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), pero sobre las que jamás hay una denuncia formal.
Las versiones y denuncias en los medios sobre compra de votos arrancan ya en las internas de cada fuerza, y luego, con la cercanía de la compulsa nacional, el “precio” de cada sufragio va en aumento.
“No vendas tu cédula”, dicen los afiches que el TSJE distribuyó en varias calles de la capital, desde los que se advierte que se trata de un delito penado con hasta 5 años de prisión.
Entre las causas, Fernando Rojas, responsable de observación electoral de la ONG Decidamos, señaló que “no cambiaron las prácticas de los funcionarios” en la breve presidencia de Fernando Lugo, y eso hace que “la concepción política de los partidos es que el Estado es un botín”.
“La justicia electoral tiene 18.000 funcionarios, un despropósito. Y las ampliaciones presupuestarias suelen canjearse a los senadores por 200 cargos”, señaló Rojas. El dirigente juzgó que “cuando menos participación hay gana la estructura”.
Un estudio sobre gobernabilidad democrática que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) difundió la semana pasada reveló que un 24,5 por ciento de los consultados admitió haber sido “arreado” en las elecciones del 2008.
En esta pulseada por la jefatura del Palacio de López se agrega que el acuerdo del PLRA con la oviedista Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace) le da a la alianza el “control” de las mesas, porque le garantiza una mayoría de apoderados –“mesarios” se los llama– en las mesas.
En las mesas paraguayas no todos los partidos tienen fiscales, sino únicamente las tres fuerzas con más legisladores en el Congreso, o sea, los colorados, los liberales y los oviedistas.
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