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Pareja detenida por las amenazas a Di María: el fiscal descarta «guerra de hinchadas» y busca al ideólogo

Pablo Socca está al frente de la pesquisa por la intimidación dirigida al jugador de la selección nacional y este miércoles dio algunas precisiones sobre los operativos donde cayeron un hombre y una joven. Resaltó  el trabajo conjunto con la Justicia federal y también sostuvo que estas personas son mano de obra por lo que deberán determinar quién dio la orden 

El fiscal Pablo Socca dio una conferencia de prensa este miércoles por la tarde junto al fiscal Regional interino de Rosario Matías Merlo para dar precisiones sobre la investigación por las amenazas a la familia de Ángel Di María y tras asegurar que no descartan ninguna hipótesis sobre el móvil de las intimidaciones dijo que “una guerra de hinchadas” como sostuvo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich está prácticamente descartada. “Entiendo que esto no tiene que ver con algo vinculado con el folclore del fútbol. No veo que lo haya hecho un hincha de Newell’s enojado por la posibilidad de que Di María pueda venir a jugar a Central. Por los medios elegidos, la calidad de persona que es la víctima y la repercusión que sabían que iba a tener, tiene que ir por otro lado», explicó Socca para destacar que aún no está confirmado que tengan relación directa con las últimas amenazas.

La nota intimidante fue arrojada en la madrugada del lunes por uno de los tres ocupantes de un Renault Megane en la entrada del Country Funes Hills Mirasoles. El escrito, envuelto en nylon negro, advertía que el jugador de la Selección nacional no regresara a jugar en la ciudad porque iban a dañar a un familiar. Luego el personal de seguridad escuchó cuatro detonaciones a la distancia.

Socca resaltó el trabajo en conjunto con la Fiscalía federal y el entrecruzamiento de datos, ya que el fiscal federal Javier Arzubi Calvo tiene una investigación abierta sobre una banda dedicada al narcomenudeo y dirigida por una mujer, en donde justamente estaban rastreando al Renault Megane por hechos cometidos con anterioridad y que volvieron a tenerlo en el radar apenas les llegó la filmación de las cámaras del country.

En base a esa información, una escucha permitió determinar que eran dos hombres y una mujer los que  habían participado de la intimidación y en ese marco, entre la Justicia federal y provincial, organizaron 25 allanamientos en domicilios que frecuentaban los sospechosos.

El fiscal explicó que la situación de la divulgación de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad que se filtraron hizo que los sospechosos cambiaran de domicilios. “Hubo decisiones conjuntas para mantener el hermetismo de los operativos que íbamos a desarrollar y se tenía que evitar que se entorpeciera la investigación, a pesar del afán de ayudar. Y esto pasó, ya que se mudaron de sus domicilios”, dijo el fiscal para agregar que gracias al seguimiento de la Policía Federal a los principales sospechosos los detuvieron cuando preparaban la fuga, en referencia al operativo de este miércoles a las 5 cuando apresaron a Pablo Acotto, de 35 años, y Sara Gutiérrez, de 23. La pareja salía de un departamento de alquiler temporario de Moreno, entre Rioja y San Luis.

Para Socca fueron los autores materiales porque por las filmaciones pudieron identificarlos: el hombre manejaba  mientras que la joven era su acompañante. También fue la que bajó en la estación de servicio Puma, fue al shop y volvió a subirse para luego ir a dejar la amenaza al country. “Estas personas son la mano obra de alguien que fue el ideólogo, que está más arriba”, señaló aunque no hizo mención al tercer sospechoso que iba en el auto y que está siendo buscado por las autoridades.

El fiscal Regional Merlo se mostró satisfecho por el trabajo conjunto y agregó que ese operativo fue por fuera de los 27 procedimientos que ya tenían organizados con anterioridad la Justicia federal y los seis de la ordinaria.

En ese sentido, voceros de la Fiscalía federal confirmaron que a lo largo de la jornada continuarán los procedimientos en domicilios de nuestra ciudad, Álvarez, en la Unidad Penal 16 de Pérez y en la cárcel de Piñero.

Estos allanamientos se enmarcan en una investigación que comenzó en febrero pasado y que tiene como objetivo desbaratar una banda dirigida por una mujer para la comercialización de estupefacientes.

 

 

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