Penan a Andy Benítez con 50 años de prisión por asolar Ludueña y Empalme Graneros

Este viernes, el tribunal de Primera Instancia integrado por las juezas Trinidad Chiabrera, Paula Álvarez y Silvana Lamas González homologaron un procedimiento abreviado y condenaron a Andy Benítez de 28 años, a la pena única y total de 50 años de prisión efectiva, con declaración de reincidencia. La sentencia se dictó a partir de una investigación de la Fiscalía por múltiples homicidios, tentativas de homicidio, extorsiones, lesiones y asociación ilícita, cometidos entre 2021 y 2023 en los barrios Ludueña y Empalme Graneros, principalmente. El condenado actuaba como instigador de los delitos desde unidades penitenciarias provinciales, impartiendo órdenes mediante celulares.

La condena se resolvió mediante un procedimiento abreviado, presentado por la Fiscalía y aceptado por la Defensa. En ese marco, el imputado reconoció su participación penal en los hechos atribuidos, lo que permitió unificar las causas y arribar a una pena única.

El tribunal consideró acreditado que Benítez dirigía y coordinaba acciones criminales complejas desde su lugar de detención, primero en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero y luego en la Unidad Nº1 de Coronda. La modalidad incluyó la selección de objetivos, la logística de ataques armados y la delegación de tareas en personas en libertad, incluidos menores de edad.

La pena de 50 años se compone de condenas por lesiones leves y graves agravadas por el uso de arma de fuego, extorsión doblemente agravada, abuso de armas, y una extensa nómina de homicidios consumados y en grado de tentativa, varios de ellos con participación de menores.

La investigación estuvo a cargo de los fiscales Marisol Fabbro y Alejandro Ferlazzo, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación, dentro de un foco investigativo de la Fiscalía Regional Rosario.

Según lo probado, Benítez integró y lideró una asociación ilícita junto a Matías “Pino” César, Julián Aguirre, Mauro Gerez y Oscar “Nenu” Ramírez y otras personas imputadas, además de sujetos fallecidos, prófugos con pedido de captura activo, menores de edad y personas aún no identificadas.

La organización operó al menos desde julio de 2021 y continúa bajo investigación. Su objetivo era ocupar y dominar territorios urbanos, excluir a bandas rivales y obtener beneficios económicos a través de actividades ilícitas como la venta de estupefacientes, extorsiones y ataques armados.

Nueve asesinatos en su haber

-El homicidio de Maximiliano González, junto con múltiples tentativas vinculadas a disputas territoriales.

-El homicidio de Vicenta Muñoz, ocurrido el 28 de diciembre de 2021, tras un ataque armado ejecutado por un menor de edad.

-El homicidio de Williams Ríos, el 25 de enero de 2022, mediante un ataque planificado desde la cárcel.

-El homicidio de Gonzalo Contreras, el 23 de julio de 2023, perpetrado por un menor instigado desde prisión.

-El homicidio de Sergio Leguizamón, ocurrido el 26 de julio de 2023 en Villa Gobernador Gálvez.

-El homicidio del colectivero César Roldán, el 2 de diciembre de 2023, en un ataque armado contra un colectivo urbano.

-El fallecimiento de Iván Romero, el 26 de diciembre de 2023, como consecuencia de heridas sufridas en una balacera ordenada días antes.

En varios de estos hechos, la Justicia acreditó el uso de armas de fuego calibre 9 mm, la intervención de menores y una planificación previa orientada a infundir temor y eliminar competencia criminal.

La causa también incluyó casi 40 hechos de extorsión, muchos de ellos acompañados por ataques armados a viviendas, comercios y vehículos. En uno de los casos, la víctima recibió amenazas directas desde un teléfono utilizado por Benítez, dentro del penal, exigiendo dinero y vehículos.

Las balaceras se concretaban minutos después de los mensajes intimidatorios, como mecanismo de presión. La investigación determinó que el teléfono celular utilizado para estas maniobras fue secuestrado durante una requisa en la celda del condenado en agosto de 2021.

Fuentes judiciales destacaron que el procedimiento abreviado permitió “evitar la revictimización y asegurar una condena proporcional a la gravedad de los hechos”, en un expediente con decenas de víctimas y múltiples escenarios delictivos.

Los hechos se inscriben en un período de violenta disputa territorial entre bandas dedicadas al narcotráfico en Rosario, especialmente en Ludueña y Empalme Graneros. La investigación demostró que las órdenes partían desde el encierro, con una red externa que ejecutaba los ataques.

Benítez ya había sido condenado el 9 de diciembre de 2024 como jefe de una asociación ilícita, antecedente que fue considerado para la declaración de reincidencia.