Pensar también es un derecho

Por Susana Pozzi/ Especial para El Ciudadano

Hay un dato que debería hacernos detener: en diez años, las habilidades verbales de los estudiantes evaluados en una investigación de la Universidad Austral cayeron un 8,4 %. Y hay otro dato todavía más fuerte: en el mismo período, el coeficiente intelectual total promedio fue 3,6 puntos menor entre los estudiantes evaluados. Los datos surgen de un estudio de la Universidad Austral que comparó evaluaciones realizadas entre 2013 y 2023.

No estamos hablando solamente de chicos que tienen dificultades para leer, expresarse o comprender una consigna; estamos hablando de capacidades cognitivas fundamentales: comprender, razonar, concentrarse y aprender.

Pero hay algo que no podemos hacer: mirar estos números como si todos los chicos crecieran en las mismas condiciones. No todos tienen la misma alimentación, el mismo acceso a libros y bienes culturales, el mismo acompañamiento familiar, el tiempo de descanso ni una escuela con los mismos recursos. Cuando aumentan la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad, también se deterioran las condiciones necesarias para aprender.

A esto se suma una transformación enorme: en estos diez años cambió nuestra relación con las pantallas, con la información y con la atención. Por eso sería demasiado sencillo decir «la culpa es del celular». No; hay un fenómeno mucho más complejo que es social, educativo, económico, familiar y tecnológico.

Quizás esa sea la pregunta que deberíamos hacernos como sociedad: ¿qué estamos haciendo para garantizar que todos nuestros chicos tengan las condiciones necesarias no solamente para ir a la escuela, sino para desarrollar plenamente su capacidad de pensar?

Una sociedad desigual no solo distribuye de manera desigual los ingresos; también termina distribuyendo de manera desigual las oportunidades de aprender, comprender y pensar. Y eso sí debería preocuparnos a todos.