Perotti firmó decreto para la expulsión de cinco policías condenados por delitos de lesa humanidad

Finalmente el gobernador Omar Perotti exoneró de la Policía de Santa Fe a cinco condenados por delitos de lesa humanidad en Reconquista durante la dictadura. Se trata del comisario inspector Carlos Nickisch, que era uno de los jefes del grupo de tareas y cuatro de los efectivos que estaban a su mando: el comisario inspector Eduardo Luque, el oficial principal Juan Antonio Mulasano y los suboficiales mayores Horacio Machuca y Rubén Vicente Molina.

Esto que significa que en los quince años que transcurrieron desde que fueron detenidos en 2008 y 2012, juzgados y condenados en 2013 y 2017 por “secuestros”, “tormentos” y tres de ellos por “violaciones agravadas” integraron el nomenclador de la fuerza, hasta ahora.

Perotti firmó el decreto 1177 que pasó de una “situación de retiro” a los cinco represores a la “destitución”, de acuerdo al texto que se conoció este jueves pero que fue firmado el 9 de junio.

“Destitución de represores. Tarde pero seguro”, publicó la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos al informar sobre la purga.

El sumario se inició el 14 de octubre de 2008, casi un mes después de que efectivos de Gendarmería detuvieran a Nickisch, Luque, Machuca y Molina por delitos de lesa humanidad. El 7 de noviembre, se ordenó la captura de Mulasano, que estuvo prófugo casi cuatro años hasta que cayó en abril de 2012, en Resistencia. Así que en estos quince años de investigación judicial, juicio y condena, el expediente administrativo pasó por distintas áreas de la Policía y hasta tuvo un paso por el archivo.

En los considerandos, el decreto menciona dos fallos del Tribunal Oral de Santa Fe que condenó a los cinco represores en agosto de 2013 y en setiembre de 2017. En el primero sentenció “a Nickisch, Machuca, Luque y Molina a penas de 18, 11, 10 y 7 años de prisión, respectivamente” y les aplicó la “accesoria de inhabilitación absoluta y perpetua”. Y en el segundo, a Mulasano a “8 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua por ser autor material de los delitos de ‘privación ilegal de la libertad agravada por empleo de violencia y amenazas’”.

El detalle de las condenas:

–Carlos Nickisch: 18 años de prisión por “privación ilegal de la libertad agravada” y “tormentos agravados” a doce víctimas y “violación agravada” a dos de ellas.

–Horacio Machuca: 11 años de prisión por “privación ilegal de la libertad agravada” y “tormentos agravados” a seis víctimas y “violación agravada” a una.

–Rubén Vicente Molina: 10 años de prisión por “privación ilegal de la libertad” a una víctima y “vejaciones” y “violación agravada” a otra.

–Eduardo Antonio Luque: 7 años de prisión por “privación ilegal de la libertad agravada” a cuatro víctimas.

–Juan Antonio Mulasano: 8 años de prisión por “privación ilegal de la libertad agravada” a nueve víctimas, “tormentos” a una, y “tormentos agravados” a tres.

Según dice el decreto las “conductas” de los condenados son “reprochables, no sólo en el ámbito penal, sino también en el administrativo y como tal afectan el prestigio de la Institución policial y por consiguiente la dignidad de los funcionarios”. Y plantea que debe aplicarse “el artículo 152° del Reglamento para Sumarios Administrativos, primer párrafo: «la condena impuesta por sentencia firme a pena privativa de la libertad no condicional o pena de inhabilitación efectiva para el ejercicio de función pública se sanciona con destitución»”.

El texto del decreto continúa: “Atento a las facultades propias de la Administración para imponer sanciones, habiéndose resguardado debidamente la garantía del derecho de defensa y estando acreditada la falta mencionada, es procedente la medida depurativa propuesta”.

decretó el gobernador Perotti: transformó la “situación de retiro” en la que estaban Nickisch, Luque, Mulasano, Machuca y Molina en la “medida disciplinaria de destitución”, en “merito a la condena recaída en sede penal”, dice el artículo uno del decreto 1177.