También que inste al Estado a investigar a quienes reprimieron en Formosa a los miembros de la comunidad La Primavera que reclaman por sus tierras.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y la Defensoría General de la Nación pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que dicte una medida cautelar a fin de “garantizar la vida e integridad física” de los miembros de la comunidad toba de La Primavera, en Formosa, que fueron víctimas de una represión policial a principios de la semana pasada ante un reclamo de tierras.
En la presentación, ambos organismos reclamaron a la Cidh que inste al Estado argentino a proteger a los aborígenes, así como suspender todo acto de desalojo y promover la investigación contra aquéllos que ordenaron la represión.
Al Tribunal, tanto el Cels como la Defensoría hicieron un resumen de lo acontecido el martes de la semana pasada, donde hechos violentos protagonizados por una represión policial dejaron sin vida a un integrante de la comunidad, identificado como Roberto López, y al policía Heber Falcón.
Además, a raíz de los enfrentamientos hubo al menos unos veinte heridos, algunos de ellos de gravedad.
“Lo sucedido desde agosto del corriente año y más específicamente entre el 23 y 24 de noviembre de 2010, demuestra la amenaza actual e inminente al derecho a la vida, integridad personal, posesión y propiedad comunitaria de las tierras tradicionales y a la protección judicial de estas personas”, indicaron en el escrito.
El pasado 12 de agosto el Cels había brindado a distintas dependencias del gobierno nacional información sobre la situación de la comunidad La Primavera, y reclamado la intervención del Estado.
Para el Cels hay una “clara violación de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos”.
La entidad recordó que ya había hecho un reclamo ante la Cidh por la colonia Nam Qom, otra de las comunidades aborígenes de Formosa, a raíz de una represión policial que sufrieron el 16 y 17 de agosto de 2002.
En tanto, desde la Defensoría recordaron que en septiembre pasado se impulsó una medida de no innovar, que fue concedida por la Justicia federal, y en la cual se ordenó “a las fuerzas policiales que se abstengan de realizar cualquier acto de intimidación sobre los miembros de la comunidad indígena”.
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