El Estado nacional, representado por la Aduana, pidió hoy un pena de cinco años de prisión para el ex presidente Carlos Menem por el delito de coautor de “contrabando agravado” de armas a Ecuador y Croacia, cometido entre 1991 y 1995 al amparo de decretos presidenciales secretos.
El pedido fue realizado al fin de su alegato por el abogado de la Aduana, Carlos Lobos Oroño, al cabo de 26 meses de audiencias en el juicio oral que se lleva ante el Tribunal Oral Penal Económico 3 contra 18 imputados por la venta ilegal de armas a países que tenían veda internacional de recibir armas por estar en guerra.
La querella pidió idénticas penas para el ex ministro de Defensa Oscar Camilión y para el traficante Diego Palleros, a quien calificó de coautores del delito, y de 4 años para el ex cuñado presidencial Emir Yoma (partícipe necesario); el ex jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Juan Paulik (partícipe secundario); y el ex funcionario de la cancillería Enrique de la Torre (partícipe necesario), ninguno de los cuales se encontraba en la sala de audiencias.
Para todos los acusados también pidió inhabilitación de diez años para ejercer cargos públicos y perpetua para ejercer comercio e integrar fuerzas de seguridad.
La Aduana querelló únicamente contra seis de los 18 imputados pero a partir del martes 14 por la mañana comenzará el alegato del fiscal Mariano Borinsky, contra la totalidad de los imputados, quien además podría elevar el pedido ya que el delito de contrabando agravado prevé penas de entre dos y doce años.
Además de los nombrados, están siendo juzgados Luís Agustín Sarlenga, ex interventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM); María Teresa Cueto, ex verificadora de Aduana; el ex director de Coordinación Empresaria y del Ministerio de Defensa, Mauricio Muzi; los ex directores de la DGFM, Manuel Cornejo Torino y Julio Jesús Sabra; el ex director de la Fábrica Militar de Río Tercero, Jorge Cornejo Torino; y el ex gerente de Comercialización de la DGFM, Haroldo Luján Fasari.
También están siendo juzgados el ex gerente de comercialización de Productos Militares, Carlos Alberto Nuñez; y el ex Director de Coordinación de la DGFM, Edberto González de la Vega; así como la ex jefa de Abastecimiento y Comercio Exterior de la DGFM, Teresa Irañeta de Canteiro; y los ex directores de producción de la DGFM, Carlos Jorge Franke y Ángel Daniel Vicario.
La querella consideró en su alegato que los decretos firmados por Menem fueron “idóneos” para sustraer del control aduanero el envío de 6500 toneladas de armas a países que sufrían vedas internacionales para recibir suministros bélicos ya que se encontraban en guerra.
Croacia estaba inhibida de recibir armas por resolución de las Naciones Unidas a raíz del conflicto balcánico mientras que Argentina era signataria del tratado de paz entre Perú y Ecuador que la inhibía de proveer a ninguno de esos países de material bélico.
Los decretos, por otra parte, falsearon los destinos, ya que uno de ellos era la fuerza de seguridad de Panamá creadas en la década anterior por las tropas norteamericanas que invadieron aquel país.
El querellante destacó la “singular alineación (argentina) con la Casa Blanca” al momento del envío por lo que por lo que mal podía enviar armas a Panamá porque “hubiera significado un desalineo con esa política”
