Según el fiscal Di Lello, existió una estructura montada por los funcionarios macristas para favorecer a empresas amigas eludiendo las normativas administrativas y dejando a la agencia estatal Télam sin una de sus labores esenciales, como era la realización de campañas publicitarias oficiales
El fiscal federal, Jorge Di Lello pidió la imputación este viernes de la la ex vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti, y al ex jefe de Gabinete Marcos Peña, entre otros funcionarios del gobierno macrista, por favorecer a empresas amigas por 22 millones de pesos.
Los delitos que se investigan son negociaciones incompatibles, actos de defraudación a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y el de responsabilidad penal de las empresas.
Según la acusación, existió “una estructura montada por funcionarios nacionales, para favorecer a las empresas” amigas “eludiendo las normativas administrativas en la materia y dejando a la agencia estatal Télam, sin una de sus labores esenciales como era la realización de campañas publicitarias oficiales”.
Una clave de este caso fue la modificación de la reglamentación vigente a través del decreto 978/2016, firmado en septiembre de 2016 por Michetti. Mediante esa normativa se desplazó a la agencia oficial y habilitó estas contrataciones con esas empresas, las que a su vez, eran conocidas por los funcionarios en virtud de resultar aquellas las que llevaron adelante la publicidad de campaña de la agrupación Cambiemos, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia bonaerense y en algunos municipios del conurbano en las elecciones del año 2015.
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