Un letrado rosarino denunció penalmente a un juez del fuero civil y a una abogada. La presentación refiere a "los posibles vínculos laborales y económicos de la partera Cleopatra Cherala con personal del Ejército y la Policía". Y advirtió: "Hay siete u ocho inmuebles que están dibujados".
Un abogado rosarino presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal N° 3 de Rosario contra un juez del fuero civil y comercial y una abogada defensora, en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad que también investiga el crecimiento patrimonial de una partera -ya fallecida-, sindicada de haber mantenido «vínculos laborales y económicos» con personal del Ejército Argentino y la Policía de Santa Fe. A la apodada «Partera de la Dictadura» le atribuyeron servicios de parto a mujeres detenidas en forma ilegal en los Centros Clandestinos de Detención ubicados en distintos puntos estratégicos de la provincia de Santa Fe.
El letrado Hugo Scarzi denunció penalmente al juez Pedro Antonio Boasso, titular del juzgado en lo Civil y Comercial de la 16° Nominación de la ciudad de Rosario, y a su colega María Adela Rasteletti, «por la posible comisión de delitos de encubrimiento en la causa ‘Dictaduras militares’, de la conocida como ‘La Partera de la Dictadura’ Cleopatra Cherala, con posibles vínculos laborales como partera de mujeres detenidas en forma ilegal», refiere el documento al que tuvo acceso El Ciudadano.
«Hay siete u ocho inmuebles que están dibujados. No se sabe quiénes eran los verdaderos dueños. Pueden haber sido de personas desaparecidas», deslizó Scarzi. «Con su laburo de partera no pudo haber comprado los inmuebles tan valiosos», advirtió el letrado sobre la ya fallecida ‘Partera de la Dictadura’, cuyo lugar de operaciones estaba cerca del Batallón de Arsenales 121.
A través de la denuncia, Scarzi sospecha de los «posibles vínculos económicos y financieros con personal del Ejército Argentino e integrantes de la Policía de Santa Fe por su labor como partera particular, que le permitieron a la conocida ‘Partera de la Dictadura’ la compra de varios inmuebles de alto valor en el mercado y desconociéndose el origen del dinero para dicha adquisición».
«A partir de ahora aparecerán denuncias de víctimas de delitos de lesa humanidad», aventuró Scarzi. «La mencionada denuncia penal constituye un aporte en la lucha por esclarecer los atroces crímenes cometidos en las distintas dictaduras en la década del 70″, concluyó la presentación del letrado rosarino, quien entiende que el juez Boasso «no avanza en la investigación».
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