"Si los establecimientos no cumplen con la información sobre ingresos, egresos y movimiento de fondos por lo menos cada dos años deberán ser dejados de baja de los beneficios", planteó el diputado santafesino Carlos Del Frade
La Ley 6427 que rige desde el 18 de julio de 1968 el Servicio Provincial de Enseñanza Privada (SPEP) «debe modificarse en relación al imprescindible control sobre los manejos de fondos de ciertos establecimientos educativos”, así lo vislumbró el diputado provincial Carlos del Frade del Frente Social y Popular (FsyP).
En ese sentido, el legislador presentó una iniciativa en Diputados para que se modifique el artículo 5° de dicha ley. Entre otros puntos, las modificaciones serían: que el SPEP lleve el registro de los establecimientos de enseñanza acogidos al régimen de la presente ley, como así, del personal escolar y estadística de los alumnos. Además, Fiscalizar las relaciones emergentes del contrato de empleo y de la aplicación de la ley; publicar las rendiciones de cuenta anuales de cada uno de los establecimientos incorporados que garanticen la prestación educativa de forma gratuita para seguir percibiendo el 100 por ciento de los salarios de parte del Estado provincial, y difundir el destino de los fondos que ingresan a los establecimientos incorporados al SPEP.
En tanto, la propuesta de Del Frade también pide la modificación del artículo 19° de la Ley 6427 para que los establecimientos que perciban los beneficios deberán probar anualmente tal estado ante el Servicio Provincial de Enseñanza Privada.
«Si los establecimientos no cumplen con la información sobre ingresos, egresos y movimiento de fondos por lo menos cada dos años, deberán ser dejados de baja de los beneficios que hasta ese momento obtenían de parte del Estado”, apuntó en su proyecto el diputado del FSyP.
«La imperiosa necesidad de transparencia en relación al dinero circulante en instituciones educativas privadas evitará un mayor perjuicio sobre la relación de las agencias estatales con la comunidad”, añadió Dele Frade.
«A la ya de por si discutida decisión de mantener los aportes estatales a las escuelas privadas, más allá de la función social que muchas de ellas desarrollan en distintas regiones de la provincia, es imprescindible que haya una fluida comunicación entre la comunidad y los denominados establecimientos de gestión privada para garantizar el destino de los fondos públicos santafesinos”, cerró el legislador.
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