Piden sobreseer por su «vulnerabilidad» a mujer trans acusada de vender drogas

Un fiscal federal solicitó el sobreseimiento de una mujer trans acusada por tenencia de estupefacientes para la venta, por considerar que está «en una situación de extrema vulnerabilidad» ya que «carece de posibilidades de inserción en el mercado laboral» y para gozar de sus derechos «a la salud, al trabajo y a una vivienda digna».

Según el sitio del Ministerio Publicó Fiscal, el fiscal Franco Picardi sostuvo en un escrito que la imputada, de 35 años, a la que calificó como «sobreviviente», se veía «sumamente restringida» y el motivo por el que se la procesó «tenía que ver con el único medio de subsistencia posible» para ella.

Se trata de una mujer trans de nacionalidad peruana que fue detenida en febrero de 2018 a raíz de una denuncia radicada por la Policía de la Ciudad, que observó en cámaras de seguridad que vendía sustancias a pocas cuadras de la Plaza Constitución.

Tras una serie de allanamientos y peritajes a su teléfono celular, fue procesada por el delito de «tenencia de estupefacientes con fines de comercialización», medida confirmada luego por la Cámara Federal.

En esas actuaciones, la fiscalía pidió la realización de un informe socioambiental con la colaboración de la Dirección General de Políticas de Género que incluyó estudios sobre su autopercepción de género, salud, educación, inserción laboral, condiciones socioeconómicas y exposición a situaciones de violencia física y sexual.

Con los resultados del análisis, el fiscal entendió que en este caso existe un «estado de necesidad disculpante» y por eso le pidió al juez Rodolfo Canicoba Corral que sobresea a la imputada, tal como ocurrió en otra causa similar contra cinco mujeres trans en la que intervinieron tanto él como el juez Sebastián Casanello.

Además, consideró que la sospechosa «habría comenzado a vivir conforme su identidad de género sólo en espacios sociales nocturnos» desde los 18 años, donde «conjuntamente habría comenzado a prostituirse» en lugares «socialmente habilitados para la vivencia de su identidad».

Esos «espacios marginales», sostuvo, están «históricamente» vinculados a la «proliferación de las actividades prohibidas, como la prostitución y la venta de drogas».

En tanto, el fiscal agregó que la acusada pertenece a un colectivo “especialmente desaventajado y que arrastra una historia de vulneraciones de derechos significantes” y que las actuaciones legales y policiales sobre ella «fueron herramientas clave para la persecución, hostigamiento y criminalización de homosexuales, transexuales y disidentes sexuales”.

Al respecto, argumentó que los códigos contravencionales y de faltas también se utilizaron «para penalizar y perseguir subjetividades, en especial expresiones de género consideradas potencialmente peligrosas, disruptivas del orden público, la moral y las buenas costumbres”.

«Lo expuesto permite vincularla con meridiana claridad con una vida plagada de padecimientos, donde se encuentran presentes muchas de las vulneraciones que fueron expuestas y que pesan sobre la población travesti y transexual», siguió el dictamen.

En ese sentido, Picardi explicó que «el esfuerzo para ser alcanzada por la selectividad del poder punitivo es mínimo», porque «la mera condición de ser mujer transgénero inmigrante, la coloca automáticamente en la mira del mismo».

“Nos encontramos ante una mujer trans en una situación de extrema vulnerabilidad que por problemas sistémicos carece de posibilidades de inserción en el mercado laboral, de acceso a bienes culturales y económicos, al derecho a la salud, al trabajo y a una vivienda digna; todo lo cual, en definitiva, la pone frente a un marco en el que su vida misma se ve amenazada”, agregó.

Por último, en el escrito, el fiscal aseveró que «lo que debe establecerse en este tipo de investigaciones es la existencia de organizaciones criminales que se valdrían de mujeres trans en situación de vulnerabilidad para la comercialización de estupefacientes».