«Podemos morir por la soberanía, pero no defenderla en la Justicia»: la respuesta de los ex Combatientes de Malvinas a la Corte

Hace sólo dos meses los jugadores de la selección argentina desplegaban la bandera que decía «Las Malvinas son argentinas» y una vez más la soberanía volvía a ser un tema nacional. Al punto tal que varios capítulos de la ley de tierras que permitían la venta ilimitada a extranjeros fueron retirados del Congreso. Pero la Corte Suprema de Justicia parece inmune a los deseos mayoritarios del pueblo y revocó la cautelar que mantenía vigente la Ley de Tierras Rurales, presentada por Ex Combatientes de Malvinas, considerando que no están «legitimados» para el reclamo. El Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (Cecim) La Plata emitió una dura respuesta contra los integrantes del máximo tribunal. La organización denunció que el fallo «pone a la República Argentina en venta» y cuestionó que se les haya negado la «legitimación activa» para actuar en representación del interés nacional.

El malestar central de los veteranos platenses apuntó al argumento técnico utilizado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes sostuvieron que la soberanía no constituye un «bien colectivo» tutelable en la Justicia por una asociación civil.

Los puntos clave de la respuesta

A través de comunicados y declaraciones de sus representantes, el colectivo de ex conscriptos hizo hincapié en el contraste entre su rol histórico durante la guerra de 1982 y las exigencias formales aplicadas por la Justicia:

• La paradoja de la soberanía: Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del Cecim, remarcó la contradicción institucional tras conocerse el dictamen: «En 1982 el Estado nos mandó a batallar bajo el argumento de la ‘defensa de la soberanía nacional’. Rara consideración la de esta Corte. Podemos morir en defensa de la soberanía, pero no acudir a un Tribunal».

• Alerta por el territorio: En su pronunciamiento oficial, la entidad platense sostuvo que la resolución terminó por resolverle «el problema político a Javier Milei». Según manifestaron, al dar vía libre a la derogación de la Ley 26.737 «acaban de decirle al mundo entero que pueden venir a comprar municipios, provincias, zonas de frontera, ríos, valles, bosques y quebradas».

• Esquive sobre el DNU: Desde la agrupación calificaron el pronunciamiento de «vil y culposo», argumentando que los magistrados apilaron excusas procesales para evitar expedirse sobre el fondo de la cuestión y no declarar la inconstitucionalidad del DNU 70/2023.

• El alcance del freno judicial: Pese al desenlace, en el Cecim destacaron que el amparo colectivo tramitado originalmente en el fuero federal de La Plata permitió suspender durante meses la aplicación del artículo 154 del DNU, impidiendo la venta irrestricta de tierras rurales a capitales extranjeros y situando la discusión en el centro de la agenda pública.

Sin margen para insistir por la vía judicial ordinaria, el Centro de Ex Combatientes adelantó que trasladará el reclamo al plano político para exigir que el Congreso de la Nación rechace definitivamente el capítulo del Decreto de Necesidad y Urgencia que libera el mercado de tierras.