Tras la salida del histórico Eduardo Bordas, la entidad liderada por Alejo Molina cuestionó el reglamento actual. Dijeron que las reglas son "cerradas y corporativistas", favorecen a quienes ya se encuentran dentro del Poder Judicial y violan la nueva Constitución Provincial al discriminar a los profesionales independientes
La disputa por el cargo de secretario de la Corte Suprema de Justicia de la provincia –que hasta hace algunos meses estuvo en manos de Eduardo Bordas. Un histórico que supo sumar poder a su función– empezó a dar señales públicas. Desde el Colegio de Abogados de Rosario manifestaron su preocupación por el proceso de selección para el cargo.
En una nota firmada por el presidente de la institución que nuclea a los abogados, Alejo Molina, resaltó que el reglamento vigente está desactualizado y contradice los estándares de transparencia e igualdad exigidos por la nueva Constitución Provincial que fue reformada el año pasado.
Desde el Colegio expresaron que las pautas de evaluación actuales son cerradas, corporativistas y generan una desigualdad estructural que favorece la carrera vertical interna del Poder Judicial, perjudicando gravemente a los abogados matriculados independientes.
Entre los ítems que resaltaron están: la asignación desproporcionada de puntaje por antigüedad interna y bonificación por cargos previos. Puntajes por asistencia, puntualidad y conducta interna, mayor ponderación de la realización de cursos dictados únicamente por el Centro de Capacitación Judicial, entre otras cuestiones.
Ante ello, el Colegio pidió a la Corte en forma urgente la modificación integral del reglamento de concurso de funcionarios “para adaptarlo formal y materialmente al nuevo marco de legalidad constitucional”. Además pidió la extensión del plazo de inscripción al concurso con el objetivo de garantizar una difusión efectiva.
La nota concluye que «la excelencia y la democratización del servicio de Justicia exigen una mirada externa, moderna y transparente en sus cuadros de conducción general». Y agregó “el libre ejercicio de la abogacía reclama el derecho y el deber de competir en condiciones de real igualdad jurídica, aportando su vasta experiencia de gestión en beneficio de la ciudadanía santafesina.
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