Polémica por Ayotzinapa

La Fiscalía de México, por un lado, y el Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) y los padres de los estudiantes desaparecidos, por el otro, quedaron ayer enfrentados por la respuesta de la Procuraduría a los cuestionamientos del grupo argentino por cómo se instruyó la investigación por la desaparición de los 43 alumnos de Ayotzinapa, que el organismo mexicano asegura haber hecho “con transparencia y profesionalismo”.

En un largo texto, la Procuraduría General de la República (PGR) replicó las denuncias del fin de semana del Eaaf –único en el que los padres de los estudiantes depositan su confianza– y aseguró que como los profesionales argentinos sólo dominan las disciplinas de antropología, criminalística y genética, “sus alcances en conocimiento de otros dictámenes no son válidos como expertos”.

Además, responsabilizó al grupo de no haber estado presente durante la recuperación de la bolsa con fragmentos óseos en el río San Juan el 29 de octubre de 2014, debido a que decidió darle prioridad al basurero de Cocula.

Un rato después de la réplica de la PGR, padres de los estudiantes consideraron que “la verdad histórica de la Procuraduría se cae a pedazos” con las denuncias del Eaaf y hasta expresaron sus temores por la seguridad de los especialistas argentinos.

El 27 de enero pasado, el fiscal general, Jesús Murillo, aseguró que había comprobado científicamente que los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre fueron asesinados e incinerados por miembros del cartel Guerreros Unidos en un basurero del municipio de Cocula y sus cenizas esparcidas en el río San Juan.

En relación a que la cadena de custodia de los restos encontrados en el río no fue firmada por el equipo, la PGR indicó que “el Eaaf no es autoridad” y su petición de que le sea entregada “rebasa con creces su función de peritos habilitados” por la Fiscalía.

Además, señala que para la diligencia realizada en las inmediaciones del basurero de Cocula el 15 de noviembre, el Eaaf no fue convocado porque el objetivo era recolectar elementos balísticos y, dado que en el grupo no hay expertos en la materia, no era necesaria su presencia.

Sobre la falta de resguardo del basurero cuando los medios de comunicación y familiares visitaron el lugar, la Procuraduría dijo que ya habían concluido los peritajes allí.

La dependencia afirmó que “los días que no se contó con seguridad en el lugar no representan ninguna afectación al resultado de la investigación” y atribuyó a “un error administrativo de transcripción que fue corregido en menos de 24 horas” las diferencias encontradas en 20 de 134 perfiles genéticos tomados a los familiares y enviados a la Universidad de Innsbruck por parte del Eaaf y la PGR. Subrayó la Fiscalía que ese error no afectó el resultado de ninguna de las 17 muestras enviadas, incluyendo la que permitió detectar los restos del único estudiante identificado de los 43 que desaparecieron el 26 de septiembre en ataques a tiros de parte de la Policías de Iguala.

La queja más fuerte de la Procuraduría, sin embargo, tiene que ver con algunos elementos que, para el Eaaf, pueden corresponder a hechos anteriores al 26 de septiembre.

El sábado pasado el Equipo Argentino había advertido en un “documento inicial” sobre investigaciones en el basurero de Cocula y Río San Juan, que hubo “errores” e “inconsistencias” en la pesquisa de la PGR en el caso, texto que compartieron con los padres de los alumnos. Ayer, Felipe de la Cruz, representante de los padres, advirtió que está “clara la intención de la PGR de querer encubrir a alguien, y no se sabe a quién”, ratificó la desconfianza hacia la dependencia de que “suele sembrar pruebas e inventar casos” y consideró que la postura del Eaaf “fortalece la posición” de los familiares.