Según informó el Ministerio, el plan establece lineamientos técnicos de alcance nacional para mejorar la detección temprana, el diagnóstico, el tratamiento y la continuidad de cuidados de las personas con TEA. Pero no tendrá presupuesto extra y encierra el peligro de un sobre diagnóstico y "rotulado" en las infancias
Gustavo Sarmiento / Tiempo Argentino
Mediante la Resolución N° 1115/2026, el Ministerio de Salud de la Nación aprobó la creación del Plan Nacional del Trastorno del Espectro Autista (TEA), lo que ya trajo primeras críticas y apuntes.
Por un lado, lo material: la iniciativa que «buscará mejorar la atención y el acceso a tratamientos y fortalecer la detección y el diagnóstico temprano» no va a contar con una partida presupuestaria adicional para su implementación. Se implementará con los recursos y programas que ya están disponibles, dentro del área de Salud Mental que ya viene sufriendo recortes y cierre de equipos territoriales en estos dos años y medio.
Por otro lado, está lo conceptual: qué puede implicar una multiplicación de sobre diagnósticos en la población infantil.
«La iniciativa funcionará como marco de referencia para mejorar la atención de las personas con esta condición. A través del desarrollo de guías y lineamientos, la estandarización de procesos, la capacitación continua de los distintos actores del sistema de salud y la difusión de información confiable, la cartera sanitaria nacional buscará promover criterios técnicos comunes para el diagnóstico y la derivación oportuna, el tratamiento y acompañamiento del TEA en nuestro país», indicaron desde Salud.
El plan se organizará en seis ejes de trabajo específicos: promoción y prevención; formación y capacitación de recursos humanos; apoyo a las personas con TEA y sus familias; investigación, innovación y sistemas de información; coordinación intersectorial; y diagnóstico epidemiológico.
«Cada uno de ellos contará con un esquema de monitoreo y evaluación periódica a través de indicadores de desempeño, proceso y resultado que permitirán medir los avances, identificar oportunidades de mejora y ajustar las acciones basándose en evidencias concretas», sostuvieron.
Hablan de «diseño de campañas de información» (aunque el Gobierno cortó las campañas de información pública en los medios), la incorporación de «herramientas de pesquisa en el primer nivel de atención» para favorecer la detección «temprana y precisa, y la derivación oportuna»; y también mencionan la «formación continua de los equipos de salud» que llevarán adelante la atención en las jurisdicciones.
En este sentido, la cartera sanitaria nacional elaborará guías de detección temprana, diagnóstico, derivación y abordaje para los distintos niveles de atención. Pero el financiamiento de la formación deberá correr por cuenta de las jurisdicciones, que ya sufren el ajuste y los recortes del Gobierno en la coparticipación.
El Doctor en Psicología, Alberto Trímboli, fundador de la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) y ex presidente de la Federación Mundial de Salud Mental (WFMH), destacó a Tiempo: «Nadie puede estar en contra de que exista un verdadero Plan Nacional de Autismo. Al contrario, es necesario. Lo que cuestionamos es que se presente como un Plan Nacional algo que, cuando uno lee detenidamente la resolución, tiene mucho más de anuncio que de una política pública concreta y un compromiso del Estado«.
«Por su estructura, por la reiteración permanente de conceptos generales y por la ausencia de instrumentos técnicos concretos de implementación, por momentos parece más un trabajo libre presentado en un congreso que un verdadero Plan Nacional de política sanitaria«, añade.
Sostiene que esto parece estar en sintonía con una modalidad que viene adoptando el Ministerio de Salud: «Anunciar supuestos planes nacionales sobre distintas problemáticas sin una construcción verdaderamente federal y consensuada con las provincias, que son finalmente las que tienen que implementar gran parte de las políticas sanitarias en sus territorios. Hace pocos días ocurrió algo similar con consumos problemáticos, antes con un plan sobre suicidio y un anuncio sobre ludopatía, y así con muchas problemáticas de salud mental. No se puede construir una política nacional desde un escritorio, con problemáticas puntuales aisladas y después comunicarla a las jurisdicciones a través del Boletín Oficial o de los medios».
En el caso del autismo se habla de capacitación, producción de información, estadísticas, elaboración de guías, recomendaciones y detección temprana: «Todas esas cuestiones pueden ser necesarias, pero capacitar, elaborar estadísticas y producir documentos no es lo mismo que garantizar articulación intersectorial, y presupuesto. Además, hay un dato muy preocupante. La propia resolución establece que la implementación del Plan no implica erogación presupuestaria para el Ministerio de Salud. Entonces la pregunta que debemos hacernos sería: ¿cómo se pretende mejorar la atención, garantizar tratamientos, continuidad de cuidados y acompañamiento a las familias sin asignar recursos?».
Tampoco postulan metas y datos oficiales concretos. No se establece cuántas personas se pretende alcanzar en cada jurisdicción y cuantos recursos recibirán las provincias o cuales son los plazos establecidos. «Un plan sin recursos no es un plan. Además, buena parte de lo que ahora se anuncia como novedoso ya constituye una obligación del Estado. Existen leyes que establecen derechos, prestaciones y responsabilidades estatales que no necesitan ser nuevamente anunciadas sino cumplidas», acota Trímboli.
Si bien solo se la nombra en un párrafo sobre el final, la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 ofrece respuestas que deberían formar parte de una política integral sobre autismo: abordajes interdisciplinarios para lograr la máxima autonomía de las personas, acompañamiento terapéutico, atención comunitaria, cuidados domiciliarios, inclusión social, hospitales de día, respeto por los derechos humanos, continuidad de cuidados y una concepción de la persona que no queda reducida a un diagnóstico.
Pero la norma viene siendo ignorada, incumplida y abiertamente atacada por las actuales autoridades. El entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció públicamente meses atrás a través de un tuit la intención de modificarla, y posteriormente la propia Dirección Nacional de Salud Mental presentó en el Senado de la Nación una propuesta de reforma «que claramente representa un retroceso enorme porque no solo pretende quitarle el apoyo financiero y económico a las provincias, sino que mientras el Estado elimina de su articulado la nómina de dispositivos comunitarios, obliga a las familias a hacerse cargo en soledad de su familiar», denuncia Trímboli.
«Resulta especialmente contradictorio anunciar un Plan Nacional sobre autismo mientras muchas personas con discapacidad y sus familias encuentran enormes dificultades cada día para acceder efectivamente a las prestaciones que ya les corresponden por ley. No alcanza con hablar de derechos en una resolución si al mismo tiempo esos derechos son inviables. El documento no dice nada sobre qué respuesta dará el Estado frente a las enormes dificultades para acceder a las prestaciones o qué medidas se tomarán para garantizar efectivamente los derechos establecidos por la legislación sobre discapacidad», completa.
El plan llega en un momento de profunda controversia global. En marzo de este año, Uta Frith, la psicóloga británica que hace más de sesenta años acuñó el concepto de «espectro autista», declaró públicamente que la noción que ella misma ayudó a construir «ha ido demasiado lejos», «perdió completamente el sentido» y «colapsó» como categoría clínica válida. Frith, arquitecta conceptual del TEA, advirtió que «los diagnósticos crecen a un ritmo alarmante» y propuso la necesidad de ahondar en diagnósticos diferenciales de diversas problemáticas con síntomas semejantes que hoy se engloban bajo una misma sigla.
«Este doble movimiento –la creación de un plan nacional que profundiza la maquinaria diagnóstica y la declaración de su principal creadora conceptual reconociendo su fracaso– nos obliga a preguntarnos: ¿estamos ante una política de salud pública o ante la consolidación de un dispositivo que convierte un diagnóstico de ‘Trastorno Mental’ en un ‘peaje obligatorio’ para acceder a derechos que ya deberían estar garantizados?«, cuestiona Gabriela Dueñas, psicopedagoga, doctora en Psicología y licenciada en Educación (Premio Konex en Psicología 2026), en diálogo con Tiempo.
Y acota: «¿Qué tienen en común un niño con una encefalopatía de origen genético, una adolescente que deja de hablar tras un abuso intrafamiliar, y un joven que no encuentra su lugar en una escuela expulsiva? Absolutamente nada, salvo que todos han sido capturados bajo la misma sigla: TEA».
Dueñas resalta que el diagnóstico, en salud mental, no es una descripción neutra. Es un acto performativo que crea realidad. La sociología clásica denominó a esto «profecía autocumplida». Una posible definición falsa de una situación que provoca un nuevo comportamiento que hace que la falsa concepción original se vuelva verdadera: “Cuando un niño escucha, una y otra vez, que tiene TEA, que su cerebro es diferente, que necesita terapias para ‘aprender a relacionarse’, algo profundo ocurre en su subjetividad. Comienza a verse a sí mismo a través de ese lente, a interpretar sus propias experiencias desde la óptica del déficit, a esperar de sí mismo menos de lo que podría llegar a ser. La escuela, en lugar de ofrecer situaciones desafiantes que promuevan el conflicto cognitivo -motor del aprendizaje según Piaget- se rinde ante el diagnóstico y adapta ‘hacia abajo’ la propuesta. Las/os docentes, con la mejor intención, terminan esperando menos, exigiendo menos y, por lo tanto, obteniendo menos”.
El problema se agrava con el impacto de las nuevas tecnologías. Niñas, niños y adolescentes crecen inmersos en entornos digitales que reconfiguran las formas de prestar atención, de procesar información, de regular la excitación y de establecer vínculos. “Sin embargo, ante un niño que no sostiene la atención en clase o que prefiere el mundo digital al intercambio cara a cara, la clínica hegemónica no pregunta por sus hábitos de consumo de pantallas, por el tiempo de exposición a dispositivos, por la calidad del vínculo con sus figuras parentales mediado por celulares. Directamente aplica una rúbrica del DSM y dictamina: TEA, TDAH. Lo ambiental, lo vincular, lo cultural, desaparece. En su lugar, se postula una supuesta deficiencia neurocognitiva de origen innato, sin una sola prueba de laboratorio, sin marcador biológico identificable, sin imagen que – a ciencia cierta- la respalde”, advierte Dueñas.
Y acá, enfatiza, la paradoja es insostenible: “Las mismas neurociencias que los diagnosticadores invocan para dar legitimidad ‘científica’ a estos rótulos han demostrado, hace décadas, el carácter plástico del cerebro y la centralidad de la experiencia en la conformación de la arquitectura neural. La neuroplasticidad no es una metáfora. Es el hecho básico de que las conexiones sinápticas se fortalecen o podan en función del uso y del entorno. La epigenética ha demostrado que la expresión de los genes está regulada por factores ambientales como la calidad del cuidado, el estrés y la nutrición afectiva”.
Remarca que esta tendencia al sobre diagnóstico entonces no tiene una motivación epistemológica, sino ideológica: “Postular un ‘trastorno innato’ exime al entorno (familia, escuela, sociedad, mercado tecnológico) de toda responsabilidad. El problema, en línea con las lógicas neoliberales hegemónicas, se privatiza en el cuerpo del niño. El Estado abandona una vez más su obligación de ser garante de los Derechos de todas las infancias y adolescencias”.
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