Ponce Asahad, el fiscal detenido, teme por su integridad física dentro de la Unidad Penitenciaria

El suspendido fiscal Gustavo Ponce Asahad presentó un habeas corpus. La razón es el temor que tiene el funcionario por su seguridad, pidió no estar alojado en ninguna dependencia del Servicio Penitenciario (SP). Sus defensores dijeron que se encuentra en un buzón pasando frío y hambre. También contaron que tiene problemas de salud. La acción fue rechazada en primera y segunda instancia. En ese sentido, el camarista Gustavo Salvador resolvió confirmar la decisión del Colegio de Jueces en Primera Instancia por lo que seguirá bajo la órbita del SP y solicitó información sobre el lugar y condiciones de detención actual, de su estado de salud y la especificación sobre dónde será alojado tras cumplir el aislamiento obligatorio por la pandemia.

El martes 4 de agosto Ponce Asahad fue imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y transmisión de datos reservados, junto al empleado de su fiscalía Nelson Ugolini.

El funcionario quedó detenido por 90 días y al día siguiente su defensa presentó un habeas corpus. El fundamento fue la necesidad de que Ponce Asahad no fuera alojado en ninguna dependencia del Servicio Penitenciario provincial por razones de seguridad atento al cargo que ejerció hasta el momento de su detención: es decir la Unidad Covid-19.

Según la defensa, Ponce Asahad se encuentra en un buzón con graves necesidades pero la acción fue rechazada sin tratamiento lo que derivó en una apelación de la resolución.

Este miércoles durante una audiencia oral ante el camarista Gustavo Salvador, los defensores Fernando Mellado y Franco Gardali plantearon la problemática vinculada al lugar de alojamiento y el cargo que ejerció su defendido hasta su arresto, a lo que sumaron que se trata de una persona hipertensa, que está medicada.

Dijeron que se encuentra actualmente en una celda de resguardo –conocida como buzón– pasando frío y hambre. Mientras que Ponce Asahad hizo un descargo sobre la imputación en su contra, sus circunstancias de salud y de detención. Finalmente, dijo que teme por su integridad física dentro de la unidad penitenciaria.

La fiscal María Eugenia Iribarren explicó que previo a la audiencia la Fiscalía se comunicó al Servicio Penitenciario para conocer las condiciones de detención teniendo en cuenta el protocolo sanitario por la pandemia del coronavirus e informaron que luego del aislamiento necesario será derivado a otro lugar y «ese sitio definitivo es un dato que debe brindar el SP», dijo la funcionaria.

Tras los planteos de las partes, el vocal Salvador resolvió confirmar el rechazo del habeas corpus, a la vez que pidió al Servicio Penitenciario que informe el lugar y las condiciones de detención actuales del fiscal suspendido, también su estado de salud y la Unidad dónde será alojado tras el aislamiento al que está sometido por cuestiones de salubridad en el marco de la pandemia.

Escándalo fiscal

La declaración del empresario Leonardo Peiti – investigado por la Fiscalía por juego ilegal e imputado como miembro de la banda de extorsionadores – bajo la figura de arrepentido fue un desmembramiento de la pesquisa sobre el crimen de Enrique Encino ocurrido en enero pasado en el casino tras una balacera derivó en un escándalo de corrupción dentro del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Mensajes de Whatsapp con la información de una causa en trámite puso la lupa sobre los funcionarios y empleados del MPA que trabajaron el día que se envió el mensaje. El círculo se cerró en el empleado Nelson Ugolini que, según la Fiscalía, fue la persona que mandó el mensaje. Pero era sólo un engranaje menor. Para los investigadores, Ponce Asahad y el mismísimo fiscal regional Patricio Serjal estaban involucrados.  Prueba de ellos quedaron las imputaciones a ambos donde fueron imputados en la causa y quedaron presos preventivamente por tres meses. Serjal renunció a sus cargos y quedó afuera del MPA mientras que a Ponce Asahad, quien quedó preso hace poco más de una semana, los legisladores lo suspendieron por seis meses con el 50 por ciento de sus sueldo.

Los imputaron de diseñar y ejecutar un plan delictivo con el fin de recibir dinero del empresario Leonardo Peiti, a cambio de brindarle información reservada, no investigar hechos o intervenir en investigaciones en curso, retrasarlas u omitir dictámenes propios de la competencia fiscal para que no prosperen imputaciones contra éste. La investigación continua y no se descarta que se trate sólo de la punta del iceberg.