El centro derechista Guillermo Lasso utilizó una herramienta constitucional que le permite disolver la Asamblea Nacional, llamar a elecciones generales y gobernar por decreto durante seis meses. Fue en medio de un juicio político en su contra por contratos con transportadoras de petróleo
Por medio de un discurso en cadena nacional, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, anunció este miércoles que firmó el decreto ejecutivo con el disuelve la Asamblea Nacional (Congreso) por «grave crisis política y conmoción interna», dando paso a lo que se coonoce como «Muerte Cruzada».
La muerte cruzada es una herramienta constitucional que permite al presidente disolver la Asamblea Nacional, llamar a elecciones generales y gobernar por decreto durante seis meses. El término alude a que tanto el jefe del Ejecutivo como el Poder Legislativo pierden sus atribuciones. Lasso dispuso que se notifique al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que en un plazo de siete días convoque a comicios.
“Esta es la mejor decisión posible que nos abre camino para recuperar la esperanza la tranquilidad y permitir al gobierno centrar todos sus esfuerzos en atender las necesidades de las familias ecuatorianas”, argumentó Lasso, líder de la fuerza de centro derecha Creo.
La medida se da un día después de que iniciará en la Asamblea Nacional un juicio político en su contra por su presunta participación en el delito de peculado, señalamientos que siempre han sido rechazados por el mandatario.
El presidente negó este martes que haya tenido conocimiento de la supuesta malversación de fondos públicos por lo que está acusado en la Asamblea Legislativa. El eje apunta a funcionarios de su gestión por supuesta cesión fraudulenta de varios contratos de transporte de petróleo, el principal activo de Ecuador.
Lasso sostiene que esos contratos se firmaron durante el anterior gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) y que su administración solicitó a la Contraloría (Tribunal de Cuentas) una revisión de los mismos.
El mandatario exhibió el informe de la Comisión de Fiscalización –rechazado por el Parlamento– que recomienda desechar el juicio político por falta de pruebas, y alegó que este proceso es una maniobra política malintencionada para desbancarlo.
La destitución del presidente necesitaba una mayoría de más de dos tercios de la Cámara, es decir, al menos 92 del total de 137 asambleístas en una Asamblea dominada por la oposición.
El 3 de octubre de 2021 comenzaron a publicarse notas de los Pandora Papers, un conjunto de 11,9 millones de documentos analizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que incluyen información relacionada con cuentas offshore de personalidades, políticos y millonarios de Ecuador. Entre ellos, Lasso.
El 9 de enero de 2023, el medio digital La Posta publicó una investigación que mostraba una trama de corrupción en empresas públicas liderada por Danilo Carrera Drouet, cuñado del presidente. Su operador de confianza, Rubén Chérrez, creó siete empresas en un solo día de 2021 y está procesado por narcotráfico. El escándalo se conoció como «Caso El Gran Padrino».
Cuatro de los principales implicados en el caso huyeron del país. El 20 de enero posterior a las publicaciones de La Posta, la Fiscalía ejecutó ocho allanamientos simultáneos en Guayaquil y uno en Quito en el marco de las investigaciones del caso, rebautizado como «Caso Encuentro».
Y el 4 de marzo, la Asamblea Nacional aprobó el informe realizado por la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha Contra la Corrupción, antesala del inicio del juicio político.
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