El funcionario judicial de Venado Tuerto está detenido con domiciliaria y acusado de nueve hechos delictivos, entre ellos enriquecimiento ilícito. En octubre de 2020 había sido suspendido por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Ahora la Legislatura votará la remoción definitiva de su cargo.
La Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura emitió un dictamen, por unanimidad, en el cual les recomiendan a las cámaras la destitución definitiva del fiscal de Venado Tuerto Mauro Blanco, detenido en una causa que investiga presuntas conexiones con el narcotráfico. Ahora, en sesión conjunta –posiblemente el jueves 29 de abril–, senadores y diputados provinciales deberán votar el dictamen y así definirán la suerte del funcionario judicial, que en octubre del año pasado había sido suspendido de su cargo por seis meses.
Ahora, cuando está por vencer ese plazo, la Comisión Bicameral de Acuerdos se reunió para avanzar en la investigación sobre el desempeño del fiscal de Venado Tuerto. Esta semana, Blanco fue imputado por nueve hechos delictivos, entre ellos enriquecimiento ilícito, omisión de insertar datos en la declaración jurada, omisión de denunciar, omisión de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo agravado, entre otros delitos. Está detenido cumpliendo prisión domiciliaria.
El dictamen que aconseja la destitución de Blanco fue resuelto por unanimidad por los integrantes de la Bicameral. El dictamen se basa en la “causal de eventual comisión de delito doloso”. La suspensión previa, aprobada en octubre de 2020 en una sesión conjunta de ambas cámaras también por unanimidad. En aquella ocasión se lo suspendió por 180 días, sin goce de haberes, a raíz de una causa judicial en la cual está acusado de tener vínculos con el narcotráfico.
Esta semana, Blanco fue imputado por nueve hechos y le dictaron la prisión domiciliaria. La investigación del caso está a cargo del fiscal de Reconquista Leandro Mai. “En primer lugar, realizamos la imputación de nueve hechos ilícitos”, informó Mai. “Se le endilgó la autoría de enriquecimiento ilícito de funcionario público junto a los omisiones de insertar datos en la declaración jurada, de denunciar, de los deberes de funcionario público; cohecho (soborno) pasivo agravado por ser miembro del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en dos hechos; incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal; violación de los deberes de funcionario público; revelación de información secreta e incumplimiento de los deberes de funcionario público; y allanamiento ilegal”.
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