Postal de usureros: vendió su casa para devolver un préstamo inicial de $100.000

Fuente, Rosario Plus

La Justicia rosarina condenó a tres hombres por integrar una estructura de usura y extorsión que operaba sobre personas sin posibilidad de acceder al sistema crediticio formal.

El fallo, dictado este 25 de noviembre de 2025 por el juez de Primera Instancia Mariano Aliau, homologó un procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía que establece penas de entre cinco y cinco años y tres meses de prisión efectiva para los acusados.

Según se desprende de la investigación del fiscal Germán Mazzoni, el caso comenzó en junio de 2024 cuando la víctima –una vecina del barrio Molino Blanco, de bajos recursos– pidió vía Facebook un préstamo informal de 100.000 pesos a un joven conocido en ese arrabal de la zona sur por facilitar esas urgencias de dinero. Chamorro se empleaba entonces en una gomería de la avenida Ayacucho y Marco Polo.

Chamorro le entregó a la mujer el dinero solicitado, pero bajo condiciones usurarias. Le cobraría todo en 12 cuotas de 35.000 pesos cada una; un total de $420.000 para saldar los $100.000 iniciales.

Como ocurre en muchos barrios populares, donde la bancarización es una barrera y las urgencias económicas son inmediatas, la única opción accesible fue recurrir a prestamistas que operan por fuera de la ley.

Cuando la víctima se atrasó en los pagos, en septiembre de 2024 comenzó un circuito de hostigamientos, intimidaciones y amenazas. Chamorro, lejos de replantear las condiciones, pasó a exigir devoluciones desproporcionadas y en plazos no acordados.

Para noviembre ya exigía $1.400.000. Y comenzó a comunicarse desde otra línea haciéndose pasar por un tercero –supuesto “dueño” del dinero prestado– para generar mayor presión. Paralelamente, Diego Ovelar y Franco Arias actuaban como cobradores y se presentaban en el domicilio de la vecina con actitudes violentas.

La situación escaló hasta un nivel extremo: ante las amenazas constantes, los mensajes intimidatorios y las “visitas” reiteradas, la víctima vendió su heladera, su moto y finalmente su vivienda para afrontar una deuda que crecía de manera arbitraria.

También entregó celulares, una bicicleta y terminó aportando más de dos millones de pesos en efectivo, en un intento desesperado por frenar la violencia.

En uno de los episodios más graves, el 19 de noviembre de 2024 dos personas no identificadas se presentaron en su casa, discutieron y golpearon al padre de la víctima, y se llevaron una notebook, una tarjeta Sube y 200.000 pesos en efectivo que estaban sobre la mesa.

Los mensajes por WhatsApp –entre ellos una orden de abandonar la vivienda en 24 horas–cerraban el círculo de intimidación.

Tras la investigación, el juez Aliau impuso penas de 5 años y 2 meses de prisión efectiva a Arias por extorsión; 5 años a Ovelar por el mismo delito; y 5 años y 3 meses, más multa, a Chamorro, autor de tres hechos de usura agravada y coautor de extorsión.

El caso vuelve a poner en escena una problemática extendida en sectores de menores ingresos: la exclusión del crédito formal empuja a miles de personas hacia prestamistas ilegales que operan bajo lógicas mafiosas.

En ese territorio, donde no existen contratos ni tasas transparentes, cualquier atraso se convierte en una amenaza y la deuda pasa a ser un mecanismo de control.

La sentencia, aunque relevante, deja expuesta una necesidad urgente: ampliar el acceso a financiamiento seguro para evitar que la pobreza siga siendo terreno fértil para la usura y la violencia.