Es el segundo corrimiento para el paso a manos privadas de la responsabilidad sobre el llamado corredor del Mercosur, que conecta con Uruguay y Brasil a través de cuatro provincias argentinas
El Gobierno nacional prorrogó de nuevo la apertura de sobres para la licitación de la llamada ruta del Mercosur. La fecha del 8 de septiembre, fruto de una anterior postergación, fue trasladada un mes, hasta el 8 de octubre. Según la información oficial, el cambio fue por pedido de los interesados en participar.
El corredor del Mercosur incluye las rutas 12 y 14 y la 174, que es la del puente Rosario-Victoria. La concesión, varias veces extendida, de esas vías por el anterior esquema cayó definitivamente en abril último. Desde entonces, la gestión –sin mantenimiento mínimo y con lógica de motosierra– pasó al Estado nacional. Ese mes, ante la decisión oficial de no renovar la concesión, dejó de ser responsabilidad del consorcio Caminos del Río Uruguay.
La reciente postergación para avanzar en la privatización del corredor, a la vez puntapié inicial para otras enajenaciones de empresas públicas, es la segunda. La primera estiró plazos del 5 de agosto al lunes pasado. Ahora, hay que esperar otro mes.
El corredor lleva le nombre de la asociación regional porque conecta Argentina con Uruguay y Brasil, con paso por cuatro provincias.
El retiro del Estado en el mantenimiento y modernización de áreas estratégicas para la logística productiva y la conectividad nacional, como son las rutas, se inscribe en la lógica de obra pública cero. El problema es que el costo del abandono puede ser muy grave. En términos económicos, por la depreciación de los corredores y mayor costo para adecuarlos. Y de vidas, por los siniestro viales consecuencia de asfaltos detonados.
Según datos de Vialidad Nacional, en agosto de 2024 se registraron 1.117.088 vehículos circulando por los cuatro peajes del tramo Oriental, en comparación con los 591.818 vehículos del mismo mes en 2004.
Este incremento en el tráfico es aún más notable en el caso de los camiones de gran porte. Esa circulación pasó de 165.228 a 309.938 en el mismo período. Es nada menos que una duplicación en el flujo de transporte de carga. En este caso, por el deterioro, también, de la red ferroviaria.
El nuevo concepto, de privatización, carga sobre los nuevos concesionarios las inversiones necesarias para restaurar la ruta a niveles mínimos de seguridad y eficiencia. En principio, y sujeto a la evolución inflacionaria y los tiempos finales del traspaso, una vez alcanzados esos estándares los operadores podrán aplicar un peaje de 4.200 pesos cada 100 kilómetros para automóviles. Para los de carga, ese valor podrá multiplicarse hasta por siete.
Hasta entonces, las tarifas que se autorizarán a las empresas con las vigentes en abril pasado. La actualización de los precios, según lo que decidió el Gobierno, será automática. Y estará basada en una fórmula que incluye costos variados. Los concesionarios ya no necesitarán una autorización para aumentar los valores. Ni el sector público intervenir con criterios sociales o estratégicos.
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