“Posiblemente revelen las complicidades de los nichos corruptos del poder judicial”, dijo el diputado del Frente Amplio por la Soberanía
Este viernes, el diputado provincial Carlos del Frade junto al abogado penalista Guillermo Campana, presentarán un pedido de derecho a la información para conocer en detalle cada una de esas causas “cajoneadas” y posiblemente “revelen las complicidades de los nichos corruptos del poder judicial con la sangre derramada en Rosario y la región en los últimos quince años”, indicó el diputado provincial.
Dicha presentación será este viernes 11 de septiembre a las 9 en la Cámara Federal de Apelaciones, ubicada en la esquina de Entre Ríos y Urquiza en Rosario.
“Esos documentos son de indiscutible interés público”, apuntó del Frade.
La Cámara Federal de Rosario iniciará una auditoría que explique por qué se detectaron unos 8 mil casos paralizados en juzgados federales de primera instancia, que al no haber sido trasladadas a tiempo a las fiscalías no tuvieron ningún impulso investigativo, lo que puede implicar delitos no esclarecidos y con impunidad hacia sus posibles autores, publicó el medio La Política Online el 2 de septiembre pasado por el periodista Hernán Lascano.
La anomalía llegó a conocimiento de la Procuración General de la Nación, – continuó el relato en el medio periodístico – que está a cargo de todos los fiscales federales, luego de que en el Ministerio Público Fiscal de Rosario advirtieran que les cursaban extemporáneamente causas ingresadas a los juzgados federales 3 y 4, en algún caso hasta con seis años de demora.
El juzgado federal 3 está a cargo de Carlos Vera Barros y el 4 de Marcelo Bailaque, actualmente con prisión domiciliaria acusado por tres delitos en el desempeño de ese cargo considerados hechos de corrupción institucional.
Frente a esta situación, que dio a conocer La Política Online, la Cámara Federal de Rosario ordenó a inicios de septiembre a los secretarios de los juzgados 3 y 4 que informen en 48 horas los criterios de actuación utilizados para supervisar la información documentada que explique que esas causas hayan quedado paralizadas.
La Cámara Federal pide eso para cotejar el número excedente con las cifras que se confeccionaron en mayo de 2024 cuando dejó de tener vigencia el sistema de juicio escrito y comenzó el modelo acusatorio. Entonces los juzgados hicieron un listado de los expedientes que estaban en trámite para una transición hasta que tuvieran sentencia. Eran según fuentes de la Procuración unos 1.180 legajos. Pero ahora aparece una cifra de ocho mil adicionales que son anteriores a esa fecha límite y que no se comunicaron, relató el medio periodístico.
Ante esta situación el diputado provincial Carlos del Frade junto al abogado penalista Guillermo Campana, presentarán un pedido de derecho a la información – este viernes – en la Cámara Federal de Apelaciones.
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