La diputada nacional por Santa Fe Patricia Mounier presentó un proyecto para sancionar el negacionismo. Propone inhabilitar para ocupar cargos públicos a aquellos funcionarios que pongan en duda la existencia de un plan sistemático de violación de los derechos humanos entre 1976 y 1983.
La diputada nacional del Frente de todos por Santa Fe, Patricia Mounier, presentó una iniciativa que pretende incorporar un artículo al Código Penal de la Nación mediante el cual se reprima con pena de prisión a quien realice declaraciones públicas tendientes a reivindicar, legitimar y/o minimizar los delitos cometidos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar y eclesiástica (1976-1983).
La norma considera que los comentarios públicos que ponen en duda la existencia del plan sistemático de desaparición, tortura, muerte y apropiación de personas recién nacidas por parte de la última dictadura representan una falta de respeto al pueblo argentino y particularmente a las víctimas. La diputada alega que es necesario “poner en consonancia nuestros cuerpos normativos con la legislación comparada en materia de derechos humanos y de memoria histórica”.
Mounier explicó que la propuesta pretende “sancionar a aquellas personas que nieguen, reivindiquen, justifiquen, pongan en duda, promocionen o banalicen los crímenes de lesa humanidad o genocidio cometidos por y durante el genocidio de Estado” a fin de “deslegitimar las formas de odio u hostilidad, sancionando las raíces de los discursos y las prácticas del negacionismo”.
Según la legisladora nacional, es una obligación del Estado el desarrollo de políticas de reparación, memoria, verdad y justicia para promover los derechos humanos y para fundamentar una pedagogía pública de los mismos.
El documento detalla que cuando los discursos de odio surjan desde las instituciones del Estado y de sus funcionarios se procederá a la inhabilitación especial para ocupar cargos públicos: “No se puede tolerar la banalización de parte de funcionarios públicos del número de desaparecidos durante la última dictadura cívico militar y eclesiástica, o que niegan que haya existido un plan sistemático de tortura, desaparición de personas y de robo de personas recién nacidas”.
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