El Foro Permanente de la Discapacidad advirtió que el incremento del 29% y 35% en los aranceles, dispuesto por la Agencia Nacional de Discapacidad, no alcanza a cubrir el atraso del 70% que arrastra el sector. Denuncian que el pago se hará con demoras y que la medida incumple la Ley de Emergencia en Discapacidad. Nueva presentación ante la Justicia federal
El Foro Permanente de la Discapacidad expresó este jueves su rechazo al incremento del 29% y 35% en los aranceles para prestadores del sistema de atención a personas con discapacidad, anunciado esta semana por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según el organismo oficial, la medida regirá entre octubre y diciembre de 2025 y busca “mantener la calidad y la continuidad de los servicios”. Sin embargo, desde el Foro advierten que el aumento “no representa una solución real” y “no alcanza a cubrir los costos actuales del sistema”, que arrastra un retraso del 70% en los valores arancelarios a agosto de 2025.
De esta manera, instituciones de Rosario en este colectivo preparan una presentación judicial ante el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, para insistir con que la Justicia obligue al Ejecutivo a cumplir con la ley de emergencia en discapacidad.
“El incremento puede parecer significativo, pero no compensa el atraso acumulado desde el inicio de la gestión actual, en diciembre de 2023”, señalaron desde la organización en un comunicado difundido este jueves.
El Foro también recordó que las prestaciones se facturan a mes vencido, lo que implica que el aumento recién se cobrará entre marzo y abril de 2026. “Aunque el incremento se complete en diciembre, se facturará en enero y se cobrará hasta 90 días después”, precisaron.
Además, denunciaron que el aumento “representa solo la mitad de lo establecido por la Ley de Emergencia en Discapacidad para octubre” y cuestionaron que el pago se realice de manera fraccionada.
“El Gobierno comunica este incremento como una respuesta a las necesidades del sector, pero no cumple con los parámetros fijados por la ley ni con los compromisos asumidos”, remarcaron.
El espacio que nuclea a todo el arco de instituciones y prestadores de servicios a personas con discapacidad también acusó al Estado de incumplir con la compensación prevista por la Ley 27.793, una deuda que –según afirman– “aún mantiene con el sector”.
“La destrucción del sistema prestacional, que garantiza el derecho a la salud y la educación de más de 300.000 personas con discapacidad, se profundizó durante la actual gestión”, señalaron. “Los aumentos otorgados no acompañan los costos reales ni la inflación”, añadieron.
Asimismo, rechazaron la afirmación oficial de que la medida “supera la inflación proyectada para 2025”. Según el Foro, ese argumento “resulta engañoso”, ya que el incremento “apenas cubre la mitad del atraso acumulado».
“La única previsibilidad que hoy tienen las instituciones y los profesionales es la continuidad del atraso y el riesgo creciente de cierre de servicios esenciales”, expresaron.
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