Fue convocada por los sindicatos contra el ajuste de pensiones y jubilaciones y por los recortes a la educación, que además buscan aprovechar la huelga para mostrar músculo ante un gobierno cada vez más impopular y que en los primeros seis meses se vio acorralado por diversos escándalos
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afronta este viernes la primera huelga general desde que asumió su mandato, convocada por los sindicatos contra la reforma de las pensiones, y en medio de un escándalo que puso en duda la actuación como juez de su actual ministro de Justicia, Sergio Moro.
El primer pulso de los sindicatos contra el mandatario ultraderechista, en el poder desde el pasado 1° de enero, coincide con el inicio de la Copa América de fútbol, de la que Brasil es anfitrión, y pretende paralizar el transporte en San Pablo, la mayor ciudad del país.
La jornada de paro tiene como punto central la reforma del sistema de pensiones y jubilaciones, una de las principales banderas del gobierno de Bolsonaro con las que busca ahorrar 265.000 millones de dólares en una década a las arcas públicas.
El proyecto es discutido en el Congreso brasileño, donde deberá realizar un arduo y largo recorrido antes de su aprobación definitiva.
Además de la reforma, la huelga reúne bajo su paraguas otras demandas, como el rechazo a los recortes en educación anunciados recientemente por el gobierno y los elevados índices de desempleo persistentes en una economía que no acaba de despegar tras la histórica recesión de 2015 y 2016.
“La huelga general viene impulsada por la crisis política y económica que vive Brasil”, afirmó el presidente de la Central Única de los Trabajadores (CUT), Vagner Freitas.
En un contexto de economía anémica, los sindicatos quieren aprovechar la huelga para mostrar músculo ante un gobierno cada vez más impopular y que en los primeros seis meses se ha visto acorralado por diversos escándalos.
El último de ellos salpica al ministro Sergio Moro, el juez que condenó a prisión en primera instancia al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción pasiva y lavado de dinero.
El ministro se ha visto salpicado por unas filtraciones de mensajes que, en su época de juez, intercambió con fiscales a cargo de la investigación contra Lula, de 73 años y en prisión desde abril de 2018.
Esos mensajes sugieren que Moro pudiera haber orientado de alguna manera a los fiscales, lo que está prohibido en el Código Penal brasileño, y han dado munición a la izquierda para intensificar el reclamo de la libertad de Lula.
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