El gobierno nacional se reunió con directivos de la petrolera de origen ibérico y acordaron un primer arreglo al conflicto. Kicillof y representantes de la firma concertaron retirar litigios judiciales y fijar un pago en activos líquidos.
Los gobiernos de la Argentina, España y México arribaron a un principio de acuerdo acerca de la compensación por la expropiación del 51 por ciento del paquete accionario de YPF ocurrida en abril de 2012, sujeto a ratificación de los máximos órganos rectores de Repsol, informaron ayer fuentes del Ministerio de Economía.
De la reunión realizada ayer en la ciudad de Buenos Aires participaron el Ministro de Industria, Energía y Turismo de España, José Manuel Soria; el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin y, por parte del gobierno argentino, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Axel Kicillof, y el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini.
También estuvieron presentes en el encuentro el presidente de YPF, Miguel Galuccio; el director general de negocios de Repsol, Nemesio Fernández Cuesta; Isidro Fainé en representación de La Caixa, y el embajador argentino en España, Carlos Bettini.
Según informaron desde el Palacio de Hacienda en un comunicado, tal principio de acuerdo implicará fijar el monto de la compensación y su pago con activos líquidos y que ambas partes desistirán de las acciones legales en curso. Antes había trascendido, y no se confirmó, que también se realizaría un pago con activos de la explotación denominada Vaca Muerta.
Las partes coinciden en que el presente principio de acuerdo contribuye a normalizar y fortalecer los históricos vínculos entre los tres países y sus empresas.
La empresa española, por su parte, anunció a través de un comunicado emitido minutos después de conocerse el resultado del encuentro que “someterá el principio de acuerdo propuesto a la consideración de su Consejo de Administración, que deberá pronunciarse sobre sus términos y condiciones”.
El principio de acuerdo abriría la última etapa del proceso de nacionalización de YPF, anunciado el 16 de abril de 2012 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner mediante el envío de un proyecto de ley, que finalmente fue sancionado por el Congreso el 3 de mayo de ese mismo año.
Según los términos del acuerdo alcanzado ayer, el posible pago de una compensación por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de Repsol obligaría a la compañía española a retirar una solicitud de arbitraje presentada en diciembre pasado ante el Ciadi (tribunal internacional para conflictos económicos) tras la nacionalización de la petrolera.
Asimismo, Repsol debería desistir de las medidas cautelares presentadas ante ese mismo organismo por el acuerdo entre YPF y Chevron, al que la empresa de origen español calificó de “ilegítimo” por considerar que “pone en peligro la integridad de la restitución”.
Dos semanas atrás, la Sala D de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal había rechazado una demanda iniciada por uno de los directores de YPF designado por Repsol, Luis García del Río, quien había solicitado obtener copia del contrato suscripto con Chevron para el desarrollo del yacimiento Vaca Muerta.
El tribunal consideró que la posibilidad de exigir judicialmente la documentación requerida por García del Río se encontraba vedada, dado que YPF tiene previstos mecanismos internos destinados a tales fines.
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