En el mismo hecho fueron arrestados por la policía dos menores de edad, quienes están a disposición de la Justicia de Menores
Un joven de 18 años detenido el sábado pasado luego de arrojar una bomba tipo molotov contra un colectivo en la zona norte de Rosario, y quien llevaba dos notas amenazantes dirigidas al ministro de Seguridad provincial, fue imputado con prisión preventiva por 90 días por incendio agravado, informaron hoy fuentes judiciales.
En el mismo hecho fueron arrestados por la policía dos menores de edad, quienes están a disposición de la Justicia de Menores de esta ciudad santafesina.
El incendio al colectivo ocurrió en medio de una serie de amenazas dirigidas al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y a su ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.
Pullaro fue amenazado ayer por última vez a través de una nota depositada en la sede rosarina de la Dirección Nacional de Migraciones y el mandatario reveló que por prevención debió sacar a su familia de la ciudad.
El fiscal Franco Carbone acusó a Agustín Federico Hoyo (18), arrestado el sábado, por arrojar una botella con combustible y un trapo encendido en el pico contra un coche de la línea 143 de colectivos.
El ataque se registró alrededor de las 2 de la madrugada del último sábado en bulevar Rondeau y Nansen, en la zona norte de Rosario, y del mismo participaron también dos menores de 13 y 16 años, según la investigación.
Carbone explicó durante la audiencia imputativa, realizada ayer en el Centro de Justicia Penal de Rosario, que los atacantes hicieron señas al chofer del micro para que se detuviera, y cuando aminoró la marcha le arrojaron la bomba casera tipo “molotov”, que impactó y dañó la parte delantera de la unidad.
Un pasajero llamó al 911 y los tres chicos fueron detenidos un rato después, luego de intentar escapar por las calles de la zona, en inmediaciones de Reconquista y República Dominicana.
La policía informó que el mayor de edad llevaba una mochila con una botella de plástico con combustible y dos de vidrio.
También le secuestraron un teléfono celular y dos notas escritas a manos con amenazas dirigidas al ministro de Seguridad provincial, Cococcioni.
Al menos una de ellas hacía referencia a presos de alto perfil de la Unidad Penitenciaria Nº11, ubicada en la localidad de Piñero, a pocos kilómetros de Rosario, indicaron fuentes del caso.
Al comienzo de la gestión Pullaro, los detenidos bajo esa clasificación del Servicio Penitenciario, fueron reagrupados en un pabellón especial y con mayores medidas de seguridad.
Tanto para el gobierno como para el fiscal Carbone, esa decisión generó la “reacción” de algunos presos y sería el motivo de las amenazas a las autoridades y la explicación de una serie de balaceras ocurridas en diciembre pasado.
En la audiencia de imputación, el fiscal Carbone pidió prisión preventiva por dos años para el joven detenido, pero el juez, Carlos Leiva, la dictó por 90 días, según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
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