Son los únicos de los diez detenidos que continuarán presos, ya que tres de los restantes recibieron falta de mérito y los otros continuarán el proceso en libertad. Tras firmar la resolución, el juez federal de Campana se declaró incompetente y giró las actuaciones por delitos económicos a Rosario
El juez federal de Campana Adrián González Charvay procesó este martes a Herme Juárez en el marco de la investigación por asociación ilícita, administración fraudulenta y lavado de activos, dijeron fuentes del caso. El histórico sindicalista y presidente de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín continuará detenido, al igual que su hijo Oscar, y añadieron que se les trabó embargo por 500 millones de pesos.
Según esta versión, los otros ocho involucrados recuperaron su libertad, aunque con diferentes situaciones procesales: Daniel Badía, hombre de confianza de Herme Juárez, los hermanos Damián y Pablo Bunello, gerentes de la Cooperativa del Puerto de San Martín, Hernán López, agente marítimo, y el abogado Ramón Jorge Jerez fueron procesados por el magistrado federal.
Mientras tanto a Iván Juárez, hermano del sindicalista, Rubén Ramón Tévez, abogado y ex intendente de San Lorenzo, y José Luis Gómez el magistrado les dictó la falta de mérito. Fuentes oficiales confirmaron que la resolución tiene 270 páginas.
Por otro lado, la Justicia Federal de Campana se declaró incompetente y envió la causa a la ciudad de Rosario, dijeron las mismas fuentes.
La Policía Federal realizó el pasado jueves más de 30 allanamientos en la región. Entre los domicilios allanados se encontraban la clínica 21 de Diciembre y los galpones de emergencia y rescate de la Cooperativa de Trabajos Portuarios, fundada en 1961 y con actividades en terminales de San Lorenzo, San Martín, Punta Alvear, General Lagos y la ciudad bonaerense de Ramallo.
El megaoperativo incluyó la participación de personal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), el Ministerio de Trabajo y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes).
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Por: Andrea Paz, secretaria general de la regional de General Obligado de la CGT