Procesan por lavado a Lelo Pérez: la causa salpica a familiares y hasta a un ex policía

Leandro David “Lelo” Pérez, el empresario rosarino que años atrás cobró exposición pública nacional tras salir a la luz su relación sentimental con la mediática Vicky Xipolitakis, quedó procesado en la Justicia Federal acusado de liderar una compleja estructura dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico.

La resolución fue dictada por el titular del Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, Carlos Vera Barros, en el marco de la causa caratulada “Lelo y otros”. La medida judicial no solo alcanzó al conocido empresario, sino también a su entorno más cercano: su hijo Agustín Leandro Pérez, su socio Marcelo Eduardo Malatesta y el expolicía santafesino Maximiliano Emanuel Novillo. A los cuatro se los responsabiliza como autores del delito de lavado de dinero de origen ilícito, con el agravante en el caso de Novillo de haber utilizado su condición de funcionario público para la ejecución de las maniobras.

El fallo dio luz verde al dictamen promovido por los fiscales Matías Scilabra, titular de la regional NEA de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), y Juan Argibay Molina, de la Delegación Rosario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). No obstante, Vera Barros dispuso mantener la libertad ambulatoria de Lelo Pérez durante la tramitación de la causa, tal como habían solicitado sus letrados defensores, Carlos Varela y Adrián Martínez.

Flota de lujo y bajo la lupa

La investigación, que comenzó en octubre de 2022 tras informes presentados por la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, expuso una desproporción llamativa entre las actividades declaradas y el patrimonio real bajo control de los sospechosos.

Uno de los puntos clave del dictamen judicial es el abultado parque automotor involucrado en la maniobra. La acusación detalla al menos 46 adquisiciones concretadas mediante la firma Transporte Overland SRL —dos terrenos y 44 rodados— a las que se suman otros tres vehículos de alta gama administrados de forma directa por Pérez: una camioneta Ford Ranger, una RAM 1500 Laramie y una Toyota Hilux.

El catálogo de bienes bajo la lupa incluye decenas de pick-ups Volkswagen Amarok y Ford Ranger, tres exclusivas Ranger Raptor, una Ford F-150 Raptor, unidades pesadas Mercedes-Benz y Volkswagen, una Toyota Hiace, una Ford Territory y motocicletas importadas de las marcas BMW y KTM. Varios de estos vehículos ostentan valores individuales que superan holgadamente los 300 salarios mínimos; mientras que un tractor Volkswagen 19.360 HR fue cotizado en el equivalente a 411 salarios mínimos.

Inmuebles, torres y departamentos

La pesquisas encaradas por la Unidad Forense Contable contra el Narcotráfico de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Procelac permitieron mapear un denso entramado inmobiliario. Pérez aparece ligado a domicilios de Alvear al 1300, Valparaíso al 2300 y avenida Pellegrini al 3800. A la par, las sociedades vinculadas registran un departamento en el complejo de Torres Aqualinas, un predio de más de 8.400 metros cuadrados en la zona rural rosarina y parcelas emplazadas en cruces estratégicos como avenida Avellaneda, Rueda y Fraga.

Un capítulo central del expediente gira en torno al Edificio Nélida 1, ubicado en avenida Pellegrini 3864. Según el tribunal, «Lelo» y su hijo Agustín habrían encarado la comercialización directa de varias de sus unidades funcionales. A modo de muestra del volumen económico que se manejaba, solo uno de los departamentos de ese edificio fue valuado en 1.465 salarios mínimos, en tanto que escuchas telefónicas incorporadas a la causa revelaron conversaciones donde se negociaba la venta de un inmueble por 320 mil dólares.

El rol de Transporte Overland SRL

El engranaje comercial para el presunto «blanqueo» descansaba en tres empresas vinculadas al principal imputado: Araca Corazón SRL, Palabra Santa SRL y Transporte Overland SRL. Esta última fue señalada por la Justicia como la pantalla predilecta para hacer circular los activos de origen dudoso.

El informe patrimonial es contundente: solo durante el año 2024, Transporte Overland incorporó al menos 18 vehículos a su flota, pese a que sus balances e informes contables reflejaban la absoluta incapacidad patrimonial para financiar semejante despliegue.

Las inconsistencias contables detectadas a partir de reportes cruzados de ARCA resultaron un factor determinante para el procesamiento. En 2022, Transporte Overland declaró ventas netas por casi $22,9 millones, pero en ese mismo período registró la incorporación de unidades por más de $58,2 millones. Del mismo modo, la empresa declaró volúmenes de ingresos por alquileres —$24,3 millones en 2022, $21,3 millones en 2023 y $119,7 millones en 2024— sin poder acreditar fehacientemente la procedencia o los inmuebles específicos que justificaran la percepción de esos montos.

Para la Justicia Federal, el entramado probatorio alcanzado demuestra que ninguno de los cuatro procesados ostentaba perfiles económicos compatibles con el nivel de vida y la magnitud de los activos registrados, cerrando el círculo sobre una sospecha que comenzó como un dato de inteligencia y derivó en un nuevo estrago judicial contra las redes de lavado ligadas al crimen organizado en la ciudad.