Procesaron a empresaria de Ceres por intoxicación con plomo que produjo la muerte de una niña

Desidia empresarial y situaciones de vulnerabilidad social hicieron eclosión en la ciudad de Ceres con el envenenamiento de varios niños que vivían con sus familias en el predio abandonado de una fábrica de baterías para autos. Uno de los casos, derivados de tomar agua con plomo, terminó con la muerte de una pequeña de dos años en enero de 2021. Ahora, la Justicia Federal de Rafaela procesó a la propietaria de la firma en cuestión, Nesaglo, por una veintena de hechos de intoxicación.

El juez federal Marcelo Bailaque, subrogante del Juzgado de Rafaela, procesó a Norma Orellano, de 59 años, por los casos de contaminación con plomo de un grupo de personas que había ocupado en forma ilegal el predio donde funcionó la fábrica de baterías de la que era vicepresidenta.

El magistrado procesó a la mujer por infracción a la ley 24.051 que regula el tratamiento de los residuos peligrosos que generan las empresas y que puede alcanzar penas de hasta 25 años de prisión. Sin embargo, en esta instancia del proceso, no ordenó su detención.

En el mismo fallo, Bailaque dictó la falta de mérito para la Directora General de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Mónica Mabel Ucero.

La fábrica de baterías, más conocida como Cerplac, estaba ubicada en un predio de Tucumán y Larrea de la ciudad de Ceres, en el departamento San Cristóbal, a unos 360 kilómetros de Rosario.

La investigación se inició a raíz de la muerte de Xiomara Crespin, de tres años, el 6 de enero de 2021. La pequeña había sido trasladada desde Ceres hasta el Hospital de Niños Alassia de la ciudad de Santa Fe con signos de intoxicación. Se comprobó que tenía 1,98 gramo de plomo en sangre, contra el umbral de riesgo de 0,3 gramo. Otros tres niños también fueron internados en el centro de salud con síntomas similares. Todos, según establecieron los informes de laboratorio, tenían en su cuerpo considerables cantidades de plomo.

Poco después, se supo que los menores afectados vivían desde septiembre de 2020 con sus familias en las instalaciones de la ex fábrica del barrio Las Américas, abandonada tres años antes, cuando Nesaglo cerró la planta. A contramano de las normas de remediación cuando se trata de una producción potencialmente peligrosa, quedaron en el terreno dispositivos urtilizados para la fabricación de las baterías, con el tóxico plomo incluido.

Fue entonces que el fiscal federal Gustavo Onel abrió una investigación por lo que solicitó, como primera medida, la clausura del predio y la inmediata desocupación del mismo. El pedido fue avalado por el en ese momento juez Reinaldo Rodríguez, quien ordenó que Gendarmería controle que ninguna persona ingrese al predio. El 25 de enero, el municipio de Ceres emitió un decreto por el que declaró al predio como «zona no apta para ser habitada, por considerarse de riesgo ambiental y peligro sanitario». El 14 de febrero, personal del Ministerio de Ambiente provincial se sumó a las medidas de clausura.

Necesidad y muerte

Alejandra Dupouy, intendenta de Ceres, explicó tras conocerse los primeros casos que las familias ingresaron a la propiedad de la firma e “hicieron cerramientos”.

La funcionaria intentó un descargo de responsabilidad: “Desde el Municipio siempre advertimos que no creíamos que esas instalaciones fueran habitables y que seguramente contenían contaminación con plomo”, admitió, pero agregó que como Ejecutivo local no puede “accionar si no está la Justicia con una medida de por medio”.

La intendenta reconoció que el desenlace debía entenderse en el contexto de un “problema estructural” de la ciudad: “la necesidad imperiosa de contar con un techo propio”.

En Ceres “está colapsado el sistema inmobiliario. Es muy difícil conseguir una casa para alquilar y cuando se consigue, los requisitos que piden las inmobiliarias son muchos”, añadió. Y ejemplificó que, en los tres años previos, más de 900 familias se habían anotado en el registro de acceso a la vivienda de Santa Fe.