El juez Julián Ercolini los considera autores de peculado de bienes y administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública. El material ferroviario se había comprado a España y Portugal.
El juez federal Julián Ercolini dictó el procesamiento con prisión preventiva para el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y su asesor Manuel Vazquez quienes ya se encuentran detenidos en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la compra de material ferroviario a Portugal y España. El magistrado también ordenó procesar –aunque sin prisión preventiva– al sucesor de Jaime en el cargo, Juan Pablo Schiavi, y de los empresarios Ignacio Soba Rojo y Ricardo Testuri.
En lo que hace a los casos particulares de los dos ex funcionarios de alto rango, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional Federal Nº10 consideró que Jaime fue autor penalmente responsable de los delitos de peculado de bienes, administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública, cohecho y negociaciones incompatibles por lo que le trabó un embargo por 100 millones de pesos.
En el caso de Schiavi, fue procesado por ser considerado partícipe necesario del delito de peculado de bienes y administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública por lo que el magistrado le trabó un embargo por 20 millones de pesos.
En la causa por la que fueron procesados los ex funcionarios kirchneristas se investigan las presuntas irregularidades en la compra de material ferroviario inutulizable a España y Portugal entre el 2004 y el 2012.
«Se encuentra suficientemente probada en autos la participación de un grupo de personas, conformado por Ricardo Raúl Jaime, Juan Pablo Schiavi, Manuel Vázquez, Ignacio Soba Rojo y Ricardo Domingo Testuri, junto a otras que pueden surgir del devenir de la instrucción, que en forma coordinada y funcional, durante el período comprendido entre el 8 de julio de 2004 y el 6 de marzo de 2012, realizaron una serie de actos que, dirigidos desde la Secretaría de Transporte (ST) dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación (MPFIPS), generaron un perjuicio patrimonial ilegítimo e injusto al erario público», escribió el juez en el fallo
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