“Fueron amenazas concretas, futuras, serias, graves y posibles. No sólo demuestran que tuvieron la finalidad de infundir un temor en la periodista, sino que, además, revistieron la potencialidad suficiente para amedrentarla y condicionar su actividad”, planteó el juez Casanello
Ariel Stemphelet / Tiempo Argentino
La Justicia Federal procesó, embargo y prohibió salir del país a tres simpatizantes libertarios que amenazaron a la periodista Julia Mengolini. Se trata de un encargado de edificio llamado Carlos Eguez y de dos jóvenes de 26 años llamados Nahuel Orona y Aarón Tomás Espíndola, que le escribieron por redes sociales mensajes tales como “te voy a secuestrar” y “vas a terminar con un balazo”.
El procesamiento fue dispuesto por el juez federal Sebastián Casanello en el marco de una denuncia que radicó la periodista y en la que intervino el fiscal Guillermo Marijuán.
La causa contó con la participación de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y las organizaciones Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Reporteros Sin Fronteras, que oficiaron de amicus curiae. Todas coincidieron en una conclusión que Casanello destacó como un “aspecto de especial gravedad institucional”: la posible participación activa de funcionarios del Estado.
“El discurso estigmatizante oficial actúa como un habilitador para que miles de cuentas anónimas multipliquen la violencia, incrementando exponencialmente el daño y consolidando un clima de hostilidad y amenaza física real”, habían planteado.
Mengolini es una de las periodistas mujeres más atacadas por el presidente Javier Milei en redes sociales, donde le ha dedicado decenas de publicaciones con agresiones que no tardaron en hacerse virales y ser recogidas por militantes y trolls libertarios. Pero la avanzada del mandatario no se limitó únicamente al plano de las redes; también la demandó ante la justicia por supuestas injurias.
De acuerdo al razonamiento de la UFEM y las organizaciones mencionadas, esa base fue la que habilitó los mensajes intimidatorios de los tres procesados.
A Orona y Eguez, Casanello los procesó por amenazas coactivas, mientras que a Espindola le agravó la imputación por el carácter anónimo, ya que había propinado las amenazas desde una cuenta que llevaba un nombre que no era el suyo.
“Fueron amenazas concretas, futuras, serias, graves y posibles. No sólo demuestran que tuvieron la finalidad de infundir un temor en la periodista, sino que, además, revistieron la potencialidad suficiente para amedrentarla y condicionar su actividad”, planteó Casanello en una resolución a la que accedió Tiempo.
Las amenazas en cuestión provinieron de las cuentas @rosarioesdecentral118895 de Instagram, atribuida a Espíndola; @eguezcarlosalberto y @nahuel_orona. Los tres fueron llamados a indagatoria y se negaron a declarar. Así las cosas, el juez los procesó, les dictó un encargo de casi $50 millones a cada uno para cubrir las costas del proceso y les prohibió salir del país. Además les impuso una prohibición de acercamiento a la víctima y a su familia, además del compromiso de no modificar su domicilio sin previo aviso y de dar aviso ante ausencias de su lugar de residencia por más de 48 horas.
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