El agente Cristian Rivaldi fue imputado por abuso de autoridad y lesiones leves tras rociar con gas lacrimógeno a una niña y su madre durante una manifestación en defensa de los jubilados. Organismos de derechos humanos exigen una revisión urgente de los protocolos de seguridad.
La Justicia federal procesó al agente de la Policía Federal Cristian Rivaldi por haber rociado con gas lacrimógeno a Fabrizia Pegoraro, una niña de 10 años, y a su madre durante una manifestación en defensa de los jubilados frente al Congreso Nacional el pasado 11 de septiembre de 2024. El juez Sebastián Ramos lo imputó por abuso de autoridad y lesiones leves, aunque no dictó prisión preventiva.
Según la resolución judicial, Rivaldi arrojó gas contra las dos mujeres cuando ambas estaban en el suelo y sin haber agredido a la autoridad. «Tanto la madre como su hija se encontraban en una posición de desventaja respecto del agente, que estaba parado y apuntó directamente a sus rostros sin motivo que justificara esa acción”, indicó el fallo.
El policía presentó un descargo de 60 páginas en el que aseguró haber actuado bajo los reglamentos y siguiendo las órdenes de sus superiores. Sin embargo, el juez consideró que las imágenes del incidente y los testimonios son contundentes y desmienten su versión. “La evidencia muestra que el accionar del agente fue injustificado y desproporcionado», afirmó el magistrado.
Este hecho ha encendido un fuerte debate sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en manifestaciones, especialmente cuando hay menores involucrados. Diversas organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación y solicitaron una revisión urgente de los protocolos de actuación para garantizar la protección de los ciudadanos, en particular de los más vulnerables.
La causa sigue en curso y se espera que en los próximos días se definan nuevas medidas judiciales, mientras la sociedad reclama justicia y responsabilidad por lo ocurrido.
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