Categorías: Política

Promueven registro provincial de deudores laborales morosos con sanciones para los incumplidores

La Unión Obrera Metalúrgica impulsa una norma, junto con la diputada provincial Lucila De Ponti, que crea una nómina de empresarios que no cumplan con los pagos hacia sus trabajadores

Este lunes se presentó en la sede del gremio metalúrgico (UOM) una herramienta vital para los trabajadores de la provincia de Santa Fe. Se trata de la creación de un Registro de Deudores Laborales Morosos (RDLM) que será promovido en la legislatura provincial por la diputada del Movimiento Evita Lucila de Ponti.

La iniciativa se traduce en la implementación de un Registro de personas que adeuden salarios, indemnizaciones y/o aportes a sus trabajadores.

“En contexto de crisis suelen presentarse situaciones donde empleadores no cumplen con sus deudas para con los trabajadores, por eso promovemos este proyecto con amplio acompañamiento de diputados y diputadas de la mayoría de los bloques de la cámara y esperamos tenga un rápido tratamiento parlamentario para poder darles a los trabajadores una herramienta más en este contexto de recesión” dijo la diputada De Ponti.

Asimismo Antonio Donello, titular de la UOM Rosario, expresó: “Estamos notando en este contexto de pandemia que muchas empresas lo primero que hacen es dejar de cumplir con los trabajadores, no sólo de nuestro sector de trabajo sino en general, entonces estamos obligados con este proyecto porque lo necesitamos”.

“Rogamos que se apruebe este año y que se cumpla con la ley de contrato de trabajo, simplemente eso”, agregó el dirigente gremial y completó: “Cuando un trabajador no cumple lo suspenden o lo despiden, por eso si un patrón no cumple tiene que tener sus sanciones también”.

En términos de sanciones el proyecto prevé que los empleadores deudores no podrán gestionar trámites provinciales ni municipales, como el carné de conducir, por ejemplo.

“Enorme alegría de dar un paso muy importante para la creación de una herramienta para los trabajadores”, indicó a su turno Pablo Cerra, abogado de la UOM y agregó: “Pretendemos que la seguridad jurídica sea efectiva para todos y no que sea selectiva. Confiamos en los legisladores, que seguramente estarán a la altura”.

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