La propuesta es del legislador nacional por el Frente Renovador Alejandro Grandinetti, quien señaló que "con la norma se busca arribar sin demora a resultados en delitos cuya metodología se reitera en distintos países, tal como el famoso Lava Jato brasileño que repitió su mecanismo en nuestro país"
El diputado nacional por el Frente Renovador, Alejandro Grandinetti, presentó un proyecto de ley que propone regular y agilizar la interacción entre tribunales internacionales a los efectos de arribar sin demora a resultados en delitos cuya metodología se reitera en distintos países, tal como el famoso Lava Jato brasileño que repitió su mecanismo en nuestro país involucrando a empresarios y funcionarios locales.
“No hay duda de que el delito se ha internacionalizado. Tanto en el flagelo del tráfico de drogas como en el de la corrupción se han visto involucradas importantes empresas multinacionales que actúan en articulación con funcionarios de diferente jerarquía de diversos países. Por ello resulta imprescindible contar con herramientas legales que permitan agilizar los procedimientos y compartir pruebas entre los tribunales actuantes”, señaló el diputado.
Grandinetti consideró que “los procedimientos judiciales destinados a combatir ambos flagelos deben tratar de ayudarse recíprocamente”, y agregó que “es necesario que se puedan compartir los resultados que se hubieren obtenido en materia de prueba de los delitos investigados”.
El proyecto presentado propone incorporar al Código Procesal Penal ciertas normas que regulen y agilicen la interacción entre tribunales de distintos países permitiendo incorporar a los procesos del fuero federal argentino la prueba que se hubiere producido internacionalmente.
El diputado aclaró que “la incorporación de la prueba a nuestros procesos penales debe considerarse procedente sólo si la producción de la misma se ha ajustado a las exigencias formales y substanciales que tutelan, en nuestro Derecho, la producción de esos mismos medios probatorios y, en especial, los derechos de la defensa de los imputados”.
“Si de verdad queremos combatir la corrupción y el delito internacional no podemos estar dependiendo, en cada caso, de acuerdos individuales –de dudosa legalidad– y respetar los beneficios que se hubieren concedido a quienes colaboraron. Para ello se necesita una ley y presentamos este proyecto para hacerla operativa”, concluyó el legislador.
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