Un proyecto de ley presentado en la Cámara baja de Santa Fe por un legislador peronista, promueve la creación de un Código Procesal Penal específico para niños, niñas y adolescentes en la provincia de Santa Fe.
La iniciativa fue presentada por el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías, y diputado del Movimiento Evita, Eduardo Toniolli, según informó el legislador.
Al argumentar la presentación de su proyecto, Toniolli dijo que hasta el momento el sistema de justicia penal juvenil santafesino “quedó afuera de la reforma al código procesal penal que instaurará el sistema acusatorio” y agregó que “lo que prima en este área es la arbitrariedad y la discrecionalidad”.
El diputado señaló como marco de referencia para el proyecto, la adhesión provincial a la Ley Nacional 26.061 y la posterior sanción de la Ley provincial 12.967 “ambas sancionadas en virtud de la convención sobre los derechos del niño, instrumento internacional que marcó un antes y un después en la concepción de la infancia y la adolescencia”, destacó.
Agregó que “la aprobación de este código específico obligaría al reemplazo de los juzgados de menores actuales, por un Fuero Penal de la Niñez integrado por Colegios de Primera Instancia, Cámaras de Apelación Penal, Fiscales y Defensores de niños, niñas y adolescentes, estos últimos integrantes del Ministerio Publico de la Acusación y del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, respectivamente”, señaló.
Los integrantes de ese Fuero, se articularían con “equipos técnicos interdisciplinarios especializados en la materia, integrados por profesionales de la medicina, de la psicología, del trabajo social u otras especialidades que se consideren necesarias para la elaboración de los dictámenes que requieran los organismos que integrarán este nuevo fuero penal”, explicó Toniolli.
Además señaló que su proyecto promueve “priorizar la aplicación de medidas socioeducativas de integración orientadas a los jóvenes punibles de 16 a 18 años”, a la vez que “evitar caer como único recurso en determinados dispositivos que en vez de resocializar sólo terminan alimentando la marginalización y la criminalización”.
“Aunque para ello -dijo finalmente-, “se necesita voluntad política y recursos destinados a políticas públicas que el Estado provincial hoy no parece dispuesto a llevar adelante”.
