El gobierno provincial decidió extender por un año la Emergencia en Materia Social, Educativa y Sanitaria en todo el territorio santafesino. La medida, formalizada mediante un decreto, rige desde esta semana y se apoya en un diagnóstico que combina indicadores sociales preocupantes, mayores demandas sobre los servicios públicos y el impacto de las políticas implementadas por el Gobierno nacional.
En los fundamentos del Decreto, la Casa Gris sostuvo que persisten las condiciones que motivaron la declaración original de la emergencia y advirtió sobre un escenario económico complejo que continúa afectando a miles de familias santafesinas.
Para justificar la decisión, el escrito citó estadísticas del Indec correspondientes al segundo semestre de 2025. Según esos datos, en el Gran Rosario la pobreza alcanzó al 16,6% de los hogares y al 22,3% de las personas, mientras que en el Gran Santa Fe los porcentajes llegaron al 22,8% y al 30,6%, respectivamente. El texto interpretó estos indicadores como una muestra de la persistencia de dificultades materiales que afectan a una parte importante de la población provincial.
La norma también incorporó datos sobre la situación de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, mencionó informes que reflejan altos niveles de pobreza infantil en el país y advirtió que las problemáticas sociales continúan demandando una fuerte intervención estatal.
Otro de los puntos destacados es el crecimiento de los consumos problemáticos. El decreto señaló que las situaciones abordadas por la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas aumentaron de manera sostenida en los últimos años. Incluso remarcaron que entre 2023 y 2025 el incremento acumulado superó el 150%, una cifra que, según el Gobierno provincial, evidencia la magnitud del fenómeno y la necesidad de mantener dispositivos de asistencia y acompañamiento.
En materia sanitaria, el documento sostuvo que la crisis económica nacional provocó una mayor presión sobre hospitales y centros de salud públicos. La pérdida de cobertura por parte de afiliados a obras sociales y las dificultades económicas de numerosos sectores hicieron que más personas recurrieran al sistema estatal para recibir atención médica.
A su vez, el decreto apuntó directamente a la reducción o interrupción de programas nacionales vinculados a la salud. Allí se menciona la discontinuidad de políticas públicas consideradas esenciales, así como problemas en la provisión de medicamentos, vacunas e insumos críticos. Según la administración provincial, esta situación obligó a Santa Fe a incrementar recursos propios para sostener prestaciones que anteriormente contaban con financiamiento o respaldo de la Nación.
Entre los programas afectados, el Gobierno mencionó iniciativas vinculadas a salud sexual y reproductiva, Remediar e Incluir Salud. También aseguraron que se debieron reforzar compras de medicamentos esenciales, tratamientos oncológicos, antibióticos e insumos destinados a la prevención y el control del dengue.
La prórroga de la emergencia también se inscribe en un contexto de creciente tensión entre las provincias y la administración de Javier Milei por la caída de transferencias y recursos federales. De hecho, el decreto sostiene que la crisis económica que atraviesa el país impacta de manera directa en las áreas sociales, educativas y sanitarias, generando mayores demandas sobre el Estado provincial.
Qué implica la continuidad de la emergencia
La medida contempla que el Ejecutivo provincial conservará herramientas administrativas extraordinarias para agilizar contrataciones, compras y ejecución de gastos en áreas consideradas críticas. El Gobierno sostiene que estos mecanismos permitieron responder con mayor rapidez ante situaciones urgentes y garantizar la continuidad de servicios esenciales.
En el área de salud, por ejemplo, la gestión provincial destacó que durante la vigencia de la emergencia se realizaron más de 2.500 gestiones entre licitaciones aceleradas y contrataciones directas para asegurar el funcionamiento de hospitales y centros de salud.
Además, la medida busca sostener programas vinculados a la asistencia social, la seguridad alimentaria, la promoción de derechos y el sistema educativo. Según argumenta el decreto, la continuidad de estas facultades especiales resulta necesaria para fortalecer la capacidad de respuesta de los ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano, Educación y Salud frente a un escenario que aún presenta importantes desafíos sociales y económicos.
