Proyecto Artigas: este jueves la jueza decide si concede la apelación a los hermanos Etchevehere

La jueza María Carolina Castagno escuchó este miércoles a los representantes legales de Dolores Etchevehere y de sus hermanos, y definirá este jueves si corresponde otorgar la apelación sobre el fallo de primera instancia que rechazó el desalojo del campo «Casa Nueva» por considerar que la sucesión no está concluida.

En la audiencia de este miércoles, a la que accedió Télam, los primeros en tomar la palabra en el salón principal de la justicia entrerriana, en la ciudad de Paraná, fueron los fiscales Oscar Sobko y Mónica Carmona, quienes consideraron probada la usurpación ya que, afirmaron, ingresaron «sin las llaves», «por una ventana» -aunque sin forzarla- e «intimidando a los empleados».

Los fiscales reconocieron que Dolores es heredera de un 12,5 por ciento de la sociedad anónima «Las Margaritas», propietaria del campo, pero le objetaron que si pretendía cambios tendría que haber obtenido el mandato de la asamblea societaria.

«No tiene ningún derecho (Dolores) a actuar por las vías de hecho, por la fuerza, la violencia, la intimidación, el abuso de confianza y el engaño», señaló la fiscal Carmona durante la audiencia.

Mientras se desarrollaba el encuentro, en la tranquera de ingreso de «Casa Nueva», Luis Miguel Etchevehere y sus hermanos, seguían los argumentos de los abogados a través de celulares y recibían la visita del ex candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio y actual Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto.

Pichetto dijo, desde la tranquera de entrada a la estancia «Casa Nueva», que el ex presidente Mauricio «Macri habló con Luis Miguel y le trasmitió su solidaridad respecto a esta ocupación ilegal», y agregó que también llevaba el mensaje solidario de «(Elisa) Carrió, (Alfredo) Cornejo y de los principales dirigentes» de ese espacio opositor.

En paralelo, la iniciativa agroecológica «Proyecto Artigas» denunció que la fiscalía a cargo de la causa «no tiene perspectiva ni formación en relación a la distintas formas de violencia de género que determina la ley».

«Se avalará el comportamiento de quienes deberían estar detenidos por el incumplimiento de un fallo judicial que impide acercarse y hostigar a la víctima como claramente siguen haciendo los varones Etchevehere» con Dolores, señaló el comunicado.

Luego de la interención de los fiscales en la audiencia de este miércoles, el abogado de los Etchevere, Rubén Pagliotto, pidió que se conceda la apelación y que el desalojo se concrete de «manera pacífica».

Pagliotto aportó como prueba de la usurpación que «hay un hecho de sentido común: alguien que hacía años no aportaba por ‘Casa Nueva’, de golpe y porrazo irrumpe, literalmente invade, con 35 o 40 personas, el campo con gente que no era de la zona».

El representante de Dolores, Lisandro Mobilia, respondió a la acusación del abogado de la viuda de Etchevehere y sus hijos: «estamos hablando de que Dolores, hija de Félix Etchevehere, está en una propiedad del acervo hereditario de su padre, después discutiremos las proporciones (de la herencia) pero en la justicia civil».

«¿Ella tiene que pedir permiso al directorio para ocupar una hacienda que es suya?», se preguntó de forma retórica el abogado Mobilia.

En la misma línea, la representación legal de Dolores planteó ante la jueza Castagno que los hermanos retaceaban información a Dolores y que en los últimos años pidió «diez rendiciones de cuentas a sus hermanos» que no fueron entregadas.

En cuanto a la supuesta cesión de su porcentaje hereditario en favor de otra sociedad anónima de la familia, el abogado afirmó que «se firmó en el marco de una extorsión y por supuesto lo vamos a discutir».

«Se confunde la víctima con el victimario» resumió Mobilia y cedió la palabra a su colega Gabriela Verón, quién ratificó que entendían el conflicto entre los hermanos como un caso de «violencia de género» hacia Dolores.

Con los elementos aportados por las partes, la jueza Castagno deberá decidir si corresponde otorgar o no la apelación sobre el fallo de primera instancia del juez Raúl Flores, que no habilitó el desalojo por entender que «la sucesión no está concluida».